Agrupará servicios que ahora están dispersos en distintos hospitales de la ciudad



11 feb. 2016 14:41H
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Redacción. Madrid
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, han presentado este jueves el nuevo proyecto del hospital de Toledo, que contempla cerca de 800 camas (la mitad de ellas indiviuales) y cuenta con una inversión de 300 millones de euros. El arranque definitivo de las obras está previsto para finales de febrero o principios de marzo.

El consejero d

Fernández ha explicado en rueda de prensa que este proyecto, cuyo plazo de ejecución se prevé en 30 meses, reagrupa servicios que estaban “dispersos” en otros centros sanitarios de la ciudad como el Hospital del Valle o el Hospital Nacional de Parapléjicos, además de incluir medicina nuclear, más radioterapia y más áreas de laboratorio, para lo que la infraestructura contará con un ala más de lo previsto.

Fernández ha insistido en la necesidad de que este hospital sea de carácter universitario, ante lo que ha añadido que ya ha habido conversaciones con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para potenciar este tipo de enseñanza.

Inicio de las obras

En cuanto al inicio de las obras, programado para finales de febrero, éste ha requerido mucho trabajo de despacho, según ha indicado el presidente regional. Se ha conseguido “desenredar la madeja jurídica” gracias al trabajo del Gobierno “y a la flexibilidad de las empresas”, ha señalado Page, quien ha lamentado ha lamentado lo “enmarañado” que el actual Ejecutivo encontró el proyecto hospitalario al asumir el Gobierno en julio de 2015.

Page ha destacado que el futuro Hospital de Toledo contará con 6.000 m2 más que el diseñado por el anterior Ejecutivo autonómico y que su modelo de gestión “será exactamente el del Virgen de la Salud”, el gran hospital que existe actualmente en Toledo. “Hemos pasado de la mentalidad madrileña de la salud a la mentalidad castellano-manchega”, ha rematado Page, en referencia a los convenios, confirmando además que el Gobierno regional no recurrirá la sentencia favorable a los 300 profesionales sanitarios afectados por las externalizaciones del Ejecutivo anterior.

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