Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00
Martes, 05 de mayo de 2015, a las 13:05
Redacción. Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado a  la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales diversas recomendaciones derivadas del estudio conjunto sobre las urgencias hospitalarias realizado por todas las Defensorías del Pueblo de España y especialmente adaptadas a la realidad de los servicios de urgencias existentes en Andalucía.

Jesús Maeztu.

Entre dichas recomendaciones, la Defensoría aconseja “evaluar” el mapa de los servicios de urgencia extrahospitalarios, “potenciando” su estructura material y de recursos humanos y “ampliando” el número de centros con actividad 24 horas al día. Además, pide que se formalicen protocolos conjuntos de derivación y atención a la patología urgente en los diferentes niveles asistenciales y ejecutar programas que estimulen el uso de los servicios de urgencia de Atención Primaria en supuestos de carácter menos grave.

Además, en dichas recomendaciones, consultadas por Europa Press, el Defensor aconseja a Salud que en la planificación y ejecución de obras en los servicios hospitalarios de urgencia, utilice los estándares de diseño arquitectónico y funcional nacionales e internacionales con un mayor nivel de consenso, “garantizando” la participación de los profesionales de urgencias y de los pacientes en dichos procesos.

Pide una dotación “suficiente” de médicos al margen de los MIR

Asimismo, pide que “se garantice la dotación suficiente” de las plantillas, en todos los turnos y días de la semana, tanto de médicos de urgencia, al margen de la actividad asistencial que puedan realizar los médicos internos residentes (MIR), como de profesionales de enfermería con experiencia y de trabajo social.

Del mismo modo, aboga por realizar auditorías de estructura y funcionamiento enfocadas a salvaguardar la autonomía de la voluntad y la dignidad e intimidad de los pacientes y las necesidades específicas de cada grupo especial de éstos, menores de edad, personas con discapacidad, personas en custodia, etcétera, así como impulsar programas de formación continuada y la participación de los Comités de Ética Asistencial.

La Defensoría pide también “agilizar” la salida de los pacientes de las urgencias, no solo estableciendo prioridades para la “optimización” de la gestión de camas, sino también mediante la planificación de medidas alternativas a la hospitalización convencional.

La Institución también apuesta por que se establezca la “obligatoriedad” de que los servicios de urgencia de los hospitales “deban someterse a procesos de acreditación de calidad” o, al menos, introducir medidas que incentiven tal objetivo; así como incorporar la opinión de los pacientes a través de sus representantes en estos procedimientos.