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Domingo, 10 de febrero de 2013, a las 21:57

José Chamizo.

Redacción. Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida al Ministerio de Interior y a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ante la "grave alteración" en la continuidad del convenio que regula la asistencia sanitaria a los presos, para que, señalan desde la Defensoría, "se nos informe raudamente de qué ha pasado y qué soluciones se van a adoptar", porque "es un tema muy grave del que depende la salud de 17.000 personas en Andalucía".

Según la información que aporta la Institución en su página web, a través de diversos medios de comunicación "llega a la Oficina la noticia de que los Acuerdos Sectoriales en materia de salud, firmados en noviembre de 1995 entre la Consejería de Salud y la, denominada entonces, Secretaría de Estados de Asuntos Penitenciarios, han entrado en un período de crisis por problemas de financiación referidos a las prestaciones de 2012".

Así, y "sumamente preocupados por la asistencia sanitaria integral que se ha de prestar a la población penitenciaria por ambas Administraciones", el Defensor del Pueblo, José Chamizo, ha decidido que se inicie actuación de oficio "conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora" y "en garantía de los derechos y libertades constitucionales".

Además, fuentes de la Defensoría han señalado que desde la Oficina del Defensor se lleva tiempo solicitando la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, tal y como viene dispuesto en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad de dicho sistema, y "como ya ha ocurrido en otras comunidades como Cataluña y el País Vasco". Así las cosas, y ante la falta de convenio, que hasta 2011 se prorrogaba de manera automática, "vemos que es una situación muy difícil", insisten.

Numerosas reclamaciones

"De hecho ya nos están llegando quejas de que todo es más difícil a la hora de remitir a la población penitenciaria a los hospitales", quejas que se suman a las "numerosas" reclamaciones interpuestas por las personas presas y que tienen que ver con temas sanitarios. Asimismo, desde la Oficina recuerdan que "se viene denunciando una discriminación en la atención sanitaria por el desbarajuste que suponía esa dualidad en la prestación de la asistencia, que hacía que la población reclusa no tuvieran la misma atención que el resto de andaluces".

Y todo esto, pese a que "gracias a la presión por parte de las ONG o del propio Defensor habíamos ido consiguiendo que se aproximasen los dos sistemas, el estatal y el autonómico", señalan desde el Defensor. No obstante, precisan que desde el departamento que dirige María Jesús Montero les han comunicado que "ya hay movimientos de negociación" entre ambas administraciones.