Economistas de la salud instan a revisar el acceso a la sanidad

Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La cúpula directiva de la Asociación de Economía de la Salud (AES) ha presentado su informe actualizado de diagnóstico y propuestas del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en este contexto, ha instado a los poderes públicos a revisar la modificación incluida en el Real Decreto 16/2012 sobre los requisitos de acceso a la asistencia sanitaria pública ya que, en su opinión , se ha ‘tocado’ la naturaleza esencial del modelo español devolviéndolo a una situación “preconstitucional” en la que se habla de asegurados como beneficiarios de la sanidad en lugar de considerarla un derecho de todo ciudadano: “Nuestra propuesta es abolir como criterio de acceso la residencia efectiva y autorizada y poner en su lugar la residencia efectiva y prueba de insuficiencia”, ha matizado.

Juan Oliva, Marta Trapero-Bertran, Pilar García Gómez, José Ramón Repullo (jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud, Escuela Nacional de Sanidad) y José Manuel Freire, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

El coordinador del estudio, que se publicará de forma fraccionada por capítulos en la web de la agrupación y estará disponible en su totalidad a principios del próximo año, Juan Oliva; la presidenta de ésta, Marta Trapero-Bertran, y la vicepresidenta, Pilar García-Gómez, han enumerado algunas de las 166 propuestas contenidas en el informe, entre las que destaca una revisión del sistema de copago de los medicamentos y productos sanitarios estableciendo un tope de acuerdo con la renta de cada persona y diluyendo distinciones entre pensionistas y población activa.

García Gómez, por su parte, ha insistido en que la AES exige una revisión profunda y sosegada del criterio de cobertura del sistema sanitario público así como un cambio cualitativo en la gestión y gobierno de las instituciones sanitarias “a partir de criterios de coste-eficiencia”. “Países como Reino Unido, Australia y Canadá –ha recalcado– llevan décadas utilizando la eficacia efectiva relativa o valor terapéutico añadido así como la relación coste-efectividad como criterios clave para ordenar su cartera de prestaciones”.

Oliva aboga por  la rendición de cuentas en el SNS. García-Gómez reivindica cambiar la cobertura sanitaria.

En este sentido, la vicepresidenta de la AES ha apuntado que la institución propone “recurrir a la evaluación económica y al análisis del dato presupuestario para la toma de decisiones y la fijación del precio de los medicamentos y de los productos sanitarios y no recurrir a la negociación sin más entre la industria [farmacéutica] y el Ministerio [de Sanidad]”.

Trapero-Bertran y el propio Oliva han aludido asimismo a la constitución, en España, de una Agencia Nacional de Evaluación que ofrezca los datos imprescindibles para que los especialistas y, en segunda instancia, los políticos, puedan escoger aquellas fórmulas y modelos más beneficiosos para el SNS desde el punto de vista de la equidad en el acceso a la asistencia, la efectividad en los resultados de salud y la solvencia económica y financiera: “Sin embargo, en la actualidad son los [político] quienes toman las decisiones no sabemos en función de qué, porque nosotros, los economistas de la salud, no tenemos los datos necesarios” que permitan decantarse por una u otra fórmula gestora, ha razonado a Redacción Médica la presidenta de la AES.

Preguntado por la colaboración público-privada, el expresidente de la AES y coordinador del informe ha criticado que “una comunidad autónoma” disolviese la agencia de formación y evaluación sanitaria autonómica semanas después de publicar su ‘Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público’ en el que se contemplaba el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión privada de hospitales y centros de titularidad pública. Desde su punto de vista, ése es el camino justamente contrario al que reclama de facto la institución a la que pertenece.