La sanidad valenciana negocia una ley antiagresiones con registro y multas

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha presentado alegaciones a la propuesta de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana para que se blinde la protección a los  profesionales de la sanidad pública frente a las agresiones en la sanidad. 

El sindicato ha advertido que el aumento de las agresiones es cada vez más grave y otras comunidades autónomas toman medidas más "contundentes". Por ello, ha propuesto cambios que aumentarán la protección del personal de sanidad, con sanciones que sean disuasorias, un procedimiento sancionador más ágil, una tipificación exhaustiva de las conductas constitutivas de infracción y el reconocimiento de la condición de autoridad pública para estas personas trabajadoras, entre otras propuestas.

Así, CCOO reclama la incorporación de un título específico sobre protección de profesionales del sistema sanitario público valenciano en  a propia Ley 10/2014 y además, una tipificación exhaustiva de conductas constitutivas de infracción. Las infracciones leves serían, por ejemplo, descalificaciones o faltas de respeto, las graves amenazas verbales o daños a equipamiento y las muy graves, agresiones físicas o acoso continuado, entre otras.

Multas de hasta 600.000 euros por agredir

En cuanto al régimen sancionador, debe ser proporcionado y disuasorio, se deberían establecer cuantías sancionadoras que deben oscilar entre los 300 y los 3.000 euros para infracciones leves, los 3.001 y los 60.000 euros para infracciones graves y de los 60.001 a 600.000 euros para infracciones muy graves. Por supuesto, si hay reincidencia, las sanciones se incrementarán en un cincuenta por ciento. En estos momentos las sanciones administrativas no existen.

En este sentido, para que las sanciones sean efectivas el procedimiento debe ser ágil y con garantías. Así, el plazo máximo de resolución para infracciones leves sería de tres meses y para graves y muy graves de nueve meses.

Otra de las medidas que propone CCOO es que haya mayor coordinación con la jurisdicción penal, es decir, entre el procedimiento administrativo sancionador y los procesos penales. También, una mayor protección de la identidad profesional, cambiando el nombre y apellidos de la tarjeta identificativa por un código, y la creación de un Observatorio Autonómico de Agresiones al Personal del Servicio Público de Salud Valenciano.

Además, este sindicato insta a instaurar un reconocimiento expreso de la condición de autoridad pública para todo el personal del sistema sanitario público valenciano, y no solo al personal sanitario como hasta ahora, así tendrían la protección penal reforzada prevista en el Código Penal para los atentados y resistencia a la autoridad, así como la presunción de veracidad de sus manifestaciones en los procedimientos administrativos.

La FSS CCOO PV considera que la incorporación de estas modificaciones en la Ley 10/2014 son "un paso necesario y urgente para dotar a la Comunitat Valenciana de un marco normativo moderno, eficaz y garantista en la protección al personal de la sanidad".