La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané.
Cataluña avanza para reducir las
agresiones a los profesionales sanitarios y
garantizar la tolerancia cero contra estos actos. La consellera de Salut de la Generalitat,
Olga Pané, ha desgranado en una respuesta parlamentaria el control del cumplimiento de una moción sobre la mejora de las políticas de salud, que
en uno de sus apartados abordaba los ataques a sanitarios.
En este sentido, Pané ha asegurado que "el Govern está
desplegando el Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya (Osvasc)", liderado desde la Direcció General de Professionals del Departament de Salut.
Este proyecto dispone de un plan de acción para el despliegue del acuerdo de Govern y, entre otras herramientas y elementos, "se está desplegando e implementando en todo el territorio un
sistema informático para unificar el
registro de las agresiones y
para la explotación de datos, de forma que permite la propuesta y gestión de las
medidas correctoras en los hospitales y centros sanitarios", ha señalado la consellera de Salut.
"Esta nueva herramienta nos permitirá conocer de primera mano las necesidades de los diferentes servicios de urgencias de hospitales y Atención Primaria y
dar una respuesta personalizada en función del centro y su entorno conjuntamente con los gestores del territorio", ha agregado Pané.
Nueva estructura de respuesta
Con la puesta en marcha del Observatori, el Govern ha indicado que está cumpliendo uno de los acuerdos más significativos en el ámbito de la Salud Pública y el bienestar laboral. "Se trata de habilitar una
estructura estable que permita monitorizar, actuar y mejorar continuamente a través de la implementación de medidas correctoras para reducir las agresiones a los profesionales sanitarios y
garantizar la política de tolerancia cero", ha sentenciado la consellera de Salut.
Todas estas medidas se verán reforzadas también por un
nuevo reglamento de multas, por vía administrativa, en la que está trabajando la Generalitat para
evitar agresiones y comportamientos agresivos contra sanitarios, ya sea verbal o físicamente, según ha avanzado la Cadena SER.
El Departament de Salut está analizando las normativas sancionadoras de otras comunidades autónomas, como Galicia, las dos Castillas y Navarra, cuyas normativas contemplan
sanciones de entre 300 y 3.000 euros para infracciones leves o graves y 600.000 euros para agresiones físicas extremas.
La intención de Salut es tener preparado el documento el último trimestre de este año, aunque las multas van a tardar más porque
el Govern deberá impulsar una ley específica.
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