El Parlamento de Euskadi se suma a la lucha legal de la homologación médica

La homologación de títulos universitarios extranjeros, que afecta a numerosos médicos y enfermeras, ha protagonizado uno de los debates del Pleno del Parlamento de Euskadi celebrado este jueves. Concretamente, la Cámara autonómica ha aprobado una proposición no de ley (PNL) con la que se respalda al Gobierno Vasco a utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para la transferencia de dichas competencias. Una iniciativa que surge después de que el Tribunal Supremo anulara definitivamente la tramitación de expedientes a través de la Administración regional, impidiendo, así, la incorporación de médicos y enfermeras a Osakidetza.

El grupo proponente, EH Bildu, ha recibido el apoyo del Partido de los Socialistas Vascos (PSV), del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Sumar, tras ser aprobada su enmienda transaccional por las tres formaciones anteriores. Con 66 votos a favor de los 74 emitidos, el Parlamento ha mostrado públicamente su apoyo al Recurso de Amparo presentado por el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales, que ya anunció públicamente que no pararía hasta conseguir adquirir las competencias en homologaciones independientemente de la decisión de la Justicia.

El texto respaldado por EH Bildu, PSV y PNV defiende una tramitación de expedientes que fue pactada por los gobiernos vasco y español en febrero de 2024 y que 'vio la luz' en julio, aunque poco más de 20 días después el Supremo ya la suspendió cautelarmente. Hubo que esperar hasta marzo para que ese 'cautelarmente' pasara a ser definitivo, algo que no hizo gracia ni al Ejecutivo vasco ni a las 200 personas que ya habían desestimado el proceso de homologación del Ministerio de Universidades y se quedaron 'en vilo'. La mayoría de ellos médicos y enfermeras como Diana y Yesenia que, a día de hoy, desconocen lo que les espera en un futuro.

Agilizar la homologación de títulos vía Ministerio

Por ello, la PNL registrada y aprobada también insta a las instituciones competentes a explorar aquellas medidas que permitan, desde la seguridad jurídica, agilizar los trámites de las personas afectadas. El problema es que, actualmente, las competencias recaen en un Ministerio de Universidades que, tal y como ha podido conocer Redacción Médica en ocasiones anteriores, puede llegar a tardar más de un año en tramitar expedientes, cuando el límite establecido son seis meses. Eso sí, la ministra Diana Morant ya anunció en el Congreso de los Diputados que se encargaría de que esa agilización fuera una realidad.

Aun así, la sala de lo Contencioso-Administrativo fue muy clara y dictó que "la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado". De hecho, por las mismas razones "ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos".

Un debate centrado en el autogobierno y en los sanitarios

En la sesión plenaria, la defensa del autogobierno vasco ha sido casi unánime. Oihana Etxebarrieta, parlamentaria de EH Bildu, fue la encargada de comenzar el debate insinuando una "vulneración del derecho de cientos de personas a ejercer una profesión para la que están cualificadas". Según ha asegurado, "la resolución de estos expedientes debería hacerse de oficio por parte del Ministerio, de modo automático, sin que los y las solicitantes de homologación tengan que volver a hacer los trámites burocráticos de ningún tipo".

Pero, el elevado tiempo que conlleva conseguir dicha resolución, en ocasiones, "llega a los cuatro años". Además, ha aprovechado su intervención para explicar que el fallo del Supremo indica "que la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado, y por eso indelegable". Por tanto, "según ellos, no caben traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas".

El problema, tal y como ha manifestado, es que "la Comunidad Autónoma Vasca tiene reconocidos sus derechos históricos en el ordenamiento jurídico vigente y el Estatuto de Gernika, que es la norma institucional básica, debe ser respetado". "Nuestros derechos no están garantizados y se ven continuamente atacados por obsesiones recentralizadoras y antidemocráticas", ha denunciado.

Más médicos y enfermeras para Osakidetza

Por su parte, el portavoz sanitario del PSV, Ekain Rico, ha reconocido que la mayor parte de los afectados son médicos y enfermeras que tienen "una clara y manifiesta voluntad de incorporación a la sanidad pública vasca". Aunque el parlamentario socialista ha afirmado que respeta la decisión de la Justicia, también ha dejado constancia de lo "completamente legal y constitucional" que es la transferencia de competencias en la homologación de títulos extranjeros. "Es beneficiosa tanto para las cerca de 1.000 personas que se encuentran en esa situación como para el conjunto de nuestra sociedad, que vería, por ejemplo, cómo podemos incorporar a unos 200 sanitarios más a Osakidetza", ha achacado.

En un sentido similar al de Etxebarrieta, Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, ha reiterado la idea de que las personas que esperaban homologar su expediente están " preparadas y esperando a poder trabajar en Euskadi precisamente en un momento en el que todos y todas reconocemos que existe una falta de profesionales".

Ha lamentado también la no incorporación de todos esos sanitarios dispuestos a trabajar en el Servicio Vasco de Salud y los perjuicios ocasionados "a cualquiera de las personas que acude a un centro de salud y tiene que esperar más del tiempo que consideraría necesario o que consideraríamos cualquiera de nosotros justo porque no hay profesionales sanitarios”.

Negativa parlamentaria al recurso del Constitucional

Quienes no han apoyado la PNL han sido el Partido Popular y Vox. La portavoz sanitaria del primero de ellos, Laura Garrido, ha afirmado que no corresponde al Parlamento entrar en el debate jurídico. "Igual que ustedes ahora consideran que esta sentencia la respetan, pero no le gusta ni van a recurrir al Tribunal Constitucional, respeten el derecho y no criminalicen a aquellos, que desde luego no ha sido el Partido Popular, como el Colegio de Fisioterapeutas, el Colegio Superior de Arquitectos, el de Enfermería, el de Odontólogos, el de y Estomatólogos, el de Médicos, de la Abogacía. Respeten el derecho legítimo en función de la legitimación procesal y la capacidad procesal que tienen para interponer el recurso correspondiente", ha defendido.

Así, el PNV comienza a sumar apoyos a su 'lucha' contra el Supremo, aunque todavía no se sabe qué ocurrirá con el Constitucional. El futuro, en sus manos.