Merina pide nuevas medidas cautelares para desbloquear la crisis del Icomem

Tomás Merina no cesa en su intento por encontrar soluciones que lleven a desbloquear la actual crisis que padece el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), que en enero pasado vio anulada su candidatura en un proceso electoral que lo dio como ganador. Esta vez, seis meses después, ha presentado una segunda solicitud de adopción de medidas cautelares que permita la restitución en el cargo y funciones de todos los miembros de la Junta Electoral cesados por la Junta Directiva actual y la toma de posesión parcial de los integrantes de la candidatura Icomem para Todos, a excepción del propio Merina, hasta la finalización por sentencia firme del recurso contencioso-administrativo.

El pedido también señala que la adopción de la medida cautelar relacionada a la restitución en el cargo y funciones de la Junta Electoral, será "únicamente" hasta la finalización de este recurso, según el escrito al que ha accedido Redacción Médica.

Previamente, Merina ya había pedido explicaciones sobre el cese de la Junta Electoral a través de un documento enviado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en el que detalla que en una resolución con fecha de 2 de abril de 2025 se le informó que se daba por concluida su actividad.

Sustento de la solicitud de medidas cautelares

La solicitud de medidas cautelares realizada por Merina se sustenta, entre otros, en lo que denomina como "actuaciones arbitrarias y carentes de sustento legal" tomadas por la Junta Directiva actual a cargo de Manuel Martinez-Sellés como el cese y suspensión de las funciones de la Junta Electoral "a pesar de que el procedimiento electoral del Icomem todavía no ha finalizado". En ese sentido, argumenta que este recién se produce con la toma de posesión de la candidatura electa, por lo que el "cese del órgano garante del proceso electoral por parte de la Junta Directiva saliente hace imposible, mientras no se restituya, la efectividad del resultado electoral obtenido en las urnas".

Además, considera que en el caso de que no se adopten las medidas cautelares solicitadas, el recurso "perdería completamente su objeto" ya que los miembros de la candidatura perdedora "están desempeñando distintos cargos de la Junta Directiva de manera plena y no en funciones" sin que se pueda "limitar" su desempeño. Así también plantea que en el supuesto de no acordarse la toma de posesión parcial o la restitución de la Junta Electoral, "se estaría negando el derecho de los colegiados a participar en las decisiones del colegio por medio de su voto".

El documento insiste en que la Junta Electoral es el máximo garante de la legalidad en el proceso electoral del Icomem, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.6º de los Estatutos, por lo que, "acordar el cese o suspensión de sus funciones sin que subsista la causa legal estatutariamente prevista" en los Estatutos, por un órgano "manifiestamente incompetente como la Junta Directiva saliente", acarrearía consecuencias como dejar en sus manos "decisiones electorales" cuando "alguno de sus miembros, como su presidente" forman parte del proceso.

En cuanto a la toma de posesión parcial de los miembros, señala que "no se ven afectados los intereses generales o de terceros" y que, no aceptarla, también "vulneraría irreparablemente el derecho fundamental al sufragio activo" de los colegiados.

Esta es solo una medida más planteada por Merina. La toma parcial de la Junta Directiva de su candidatura fue una de las conclusiones a las que llegó un dictamen jurídico elaborado por José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo y letrado de las Cortes, en el que sostiene que la anulación de la candidatura "no puede afectar al derecho que tienen los restantes candidatos" cuyas postulaciones no fueron anuladas.