El Govern avanza en una "ambiciosa" ley para prevenir agresiones en sanidad

El Govern de Catalunya impulsa la protección de los profesionales sanitarios para hacer frente a los episodios de violencia. La Generalitat ha dado el primer paso para aprobar el Anteproyecto de ley del sistema integral de prevención, protección y respuesta a la violencia que reciben los sanitarios en sus lugares de trabajo.

Se trata del desarrollo de una norma, autónoma de las existentes, que establece un sistema integral de prevención, protección y respuesta a la violencia ocupacional. El Consell Executiu ha aprobado la memoria preliminar. Este planteamiento parte de la base que la raíz del problema es un deterioro progresivo de la relación de confianza recíproca y respeto que debe existir entre los usuarios y los profesionales sanitarios, donde se ha perdido o relajado el valor social que los pacientes otorgan a las organizaciones sanitarias, y la tarea de los profesionales, según ha argumentado el Govern.

A diferencia de otras comunidades autónomas como Navarra, las dos Castillas, Extremadura, la Comunidad Valenciana o Galicia, que han optado por orientar las medidas para revertir el fenómeno mediante el establecimiento de un régimen sancionador de estas conductas, "el Departament de Salut cree que el abordaje de la problemática debe ser más ambicioso". En este contexto, se estima que haría falta una normativa, autónoma de las vigentes, que estableciera un sistema integral de prevención protección y respuesta violencia ocupacional.

Esta iniciativa, además, debe girar sobre dos grandes ejes: las bases en las relaciones entre profesionales y usuarios de los centros de salud, y el sistema integral de gestión de la actividad preventiva, protectora y de respuesta.

Derecho y deberes de sanitarios y pacientes

Así, la iniciativa legislativa deberá establecer unos principios rectores del sistema como la calidad y accesibilidad a los servicios, la tolerancia, el respeto mutuo y la confianza recíproca, o la corresponsabilidad, así como los derechos y deberes individuales de los profesionales (dignidad profesional, integridad, ...) y los usuarios (respeto a los profesionales, hacer un buen uso de los espacios, …).

Los centros, servicios y establecimientos tendrán la obligación de dotarse de unas normas de conducta que regulen el comportamiento mínimo exigible a sus usuarios para garantizar el respeto de los valores inherentes a la cultura corporativa de los centros, y el uso de sus servicios e instalaciones. Asimismo, la iniciativa determinará medidas alternativas de resolución de conflictos, derivadas de la transgresión de las normas mínimas de conducta, basadas en la mediación, aplicables con carácter previo y concomitante con el procedimiento sancionable. Finalmente, establecerá un régimen sancionador para las conductas tipificadas como infractoras, como última ratio cuando todas las otras medidas fallan, tal y como confirmó el director general de Professionals de la Salut de Cataluña, Jordi Vilana, en una entrevista a Redacción Médica.

Por otro lado, sobre el sistema integral de gestión de la actividad preventiva, protectora y de respuesta, se prevén seis medidas. Se establecerá un Plan director de seguridad corporativa y protección del patrimonio, se impulsará el registro interno de los episodios de violencia y se llevará a cabo una acción protectora, asistencia jurídica y apoyo psicológico.

Además, se reconocerá la condición de autoridad a los profesionales del Siscat, se formará y capacitará a los sanitarios y el Departament de Salut tendrá el deber de realizar campañas periódicas de sensibilización ciudadana.