Además, esta instrucción también consideraba que era necesario un mínimo de tres meses de residencia en Cataluña para que los inmigrantes pudieran acceder a los servicios sanitarios públicos, excluyéndose así a los que acababan de llegar.
Esta instrucción recibió numerosas críticas de parte de los sindicatos y colectivos en defensa de los derechos de los inmigrantes, dado que podía dejar sin acceso a la sanidad a inmigrantes en situación de exclusión y solicitantes de asilo, vulnerándose así los principios de la ley de sanidad universal catalana.
Por todo ello, desde el CatSalut han señalado que: "Las alegaciones recibidas en este trámite (información pública) han evidenciado que el contenido de la Instrucción 05/2019 puede inducir a interpretaciones que son contrarias a su auténtica finalidad, que, en ningún caso, debe suponer una restricción de los derechos de las personas en riesgo de exclusión social o personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social", según se puede leer en la disposición firmada por el director del CatSalut, Adrià Comella.
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