Cortes de Castilla y León.
Castilla y León está a puertas de afrontar un
proceso electoral que definirá su futuro y el de la
sanidad autonómica por los siguientes años. Con el fin de la legislatura anterior, algunos
proyectos sanitarios quedaron en vilo y su debate deberá retomarse en el próximo curso, con una nueva administración.
Precisamente, una de las
últimas iniciativas legislativas aprobadas -por unanimidad- fue la de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de
puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en Sacyl en el ámbito rural; una ley que necesita del desarrollo de un reglamento para su aplicación.
"Esto es lo primero que va a tener que hacer el próximo consejero de Sanidad. Si la quiere poner en marcha, tendrá que dotarse rápidamente
de una reglamentación para desarrollarla", señala a
Redacción Médica el socialista
Jesús Puente, quien hasta la última legislatura fue portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad de las Cortes.
Se trata de un proceso administrativo en el que se deberá tener en cuenta cómo se aplicará la puntuación, el
mapa de plazas y cobertura, los
incentivos, la
antigüedad, entre otros. Para el desarrollo de ese reglamento, se ha dado un plazo de dos años, un tiempo "algo exagerado" desde la perspectiva del procurador, ya que la ley "está bien" elaborada, aunque reconoce que "cuanto más reglamentada, mejor". "Nos quedamos satisfechos con la ley y esperamos que se pueda aplicar en condiciones", indica Puente.
Ley de Cuidados Paliativos
"Ni siquiera se pudo debatir", añade a este periódico sobre una posible
ley de derechos y garantías de las personas al final de la vida. Esta iniciativa, que ha vuelto a la casilla de partida tras varios intentos en diversas legislaturas por sacarla adelante, es considerada como una
asignatura pendiente de la sanidad castellana y leonesa. "El problema es que sin ley no se garantizan los derechos ni de los pacientes ni de los profesionales y andar de esa manera
tan precaria legalmente, es una pena", lamenta Puente.
Precisamente, el anteproyecto que se trabajó desde la Junta en 2021 tenía por finalidad recoger en una disposición legal única el
conjunto de derechos y obligaciones de todos los agentes que intervienen en la
etapa final de la vida, es decir, tanto el paciente como su entorno, los profesionales y los centros sanitarios y sociosanitarios.
"Es la
mayor frustración porque todo el mundo usa
cuidados paliativos, incluso los más conservadores ideológicamente se ven en la necesidad de usarlos", afirma el procurador socialista, que no descarta que con la configuración de las nuevas Cortes, el PSOE ponga este tema sobre la mesa y reclame
su debate en el pleno.
Listas de espera en Atención Primaria
Pese a que Puente considera que se ha logrado debatir la mayoría de iniciativas legislativas en los últimos años, hay otra que también se ha quedado en el tintero. Se trata de las
listas de espera en Atención Primaria.
"El simple hecho de que la Administración ponga un
control obligatorio para saber qué hospital tiene más listas de espera -que puede ser controversial-, ayuda a los gestores a
poner medidas para mejorar", subraya. En ese sentido, considera que habría que analizar cómo establecer un sistema de listas de espera con indicadores de obligado cumplimiento, que se publique cada cierto tiempo, para llevar un control más real de los plazos.
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