Juana Fernández
La baja por 'enfermedad común' ahoga a las pacientes con cáncer de mama: "Es una bofetada, no quiero que mi enfermedad cueste dinero"
Juana Fernández tendrá el juicio con la Seguridad Social el mes que viene, tras más de dos años de espera
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Juana Fernández tiene 45 años y convive desde 2022 con un cáncer de mama. El bulto se lo encontró ella; 15 días después ya tenía diagnóstico: un cáncer triple negativo en estadio 3, con un índice de proliferación del 60 por ciento. “Yo estaba ya medio muriendo”, resume durante la entrevista con Redacción Médica. El impacto fue muy grande. Al golpe de la enfermedad, se le sumó la presión económica. El oncólogo le explicó que tenía que dejar de trabajar. Pasó a estar en régimen de incapacidad temporal por “enfermedad común”. “Cuando ves que la baja es de enfermedad común, es una bofetada que te pegan en la cara”, explica. Los tres primeros días no los cobras; después pasas 15 días recibiendo el 60 por ciento de tu sueldo y a partir del día 22 ingresas el 75 por ciento. “Nunca lo cobras completo”, lamenta Juana. Además, esta prestación tiene un tiempo limitado.
El abogado laboralista y presidente del Grupo Fidelitis, Lorenzo Pérez, explica a este periódico que lo que marca la ley es que el tiempo máximo en el que una persona puede estar recibiendo esa ayuda no puede superar los 545 días, 365 de base más la prórroga de 180. “Es posible la obtención de demora de calificación por tratamientos o cirugías pendientes, produciéndose una nueva prórroga hasta la teórica recuperación de la capacidad laboral plena”, matiza.
¿Cómo afecta el cáncer a la economía de los pacientes?
Durante los meses en los que la persona cobra la incapacidad temporal, sus ingresos se reducen, pero los gastos crecen. La enfermedad y el tratamiento obligan a cumplir con un determinado estilo de vida; también a pasar por especialidades que no están cubiertas por la Seguridad Social. “A mí me ponen 16 quimioterapias. Esto incluye que se te cae el pelo, se te quitan las uñas y se te despellejan las manos y los pies. La quimio revienta la piel, por lo que tienes que comprar productos naturales para que no te la estropeen más, pero, claro, son más caros”, cuenta Juana. A ella le pidieron llevar una dieta equilibrada, con hasta cinco piezas de fruta al día y dos piezas de pescado a la semana. “¿Quién puede pagar dos pescados por semana? Yo uno puedo, pero dos no. Y esto no es todo, los traslados al hospital corren de tu cuenta, también el podólogo y el psicólogo”, recuerda. Ella tiene dos hijos estudiantes, una hipoteca y una vida adaptada a los dos sueldos que entraban en casa. “Yo no tenía previsto ponerme mala”, añade.
En el día a día había muchos cambios. Estaban las visitas al hospital, los dolores y el tratamiento. De fondo estaba la presión por volver a trabajar. Sin embargo, dos años después del inicio de la enfermedad y cuando aún estaba pendiente de volver a operarse, recibió una llamada de la empresa en la que trabajaba: tenía que reincorporarse, así lo había decidido la Seguridad Social. “Me desencadenó una gran ansiedad; tuve que ir al médico corriendo. Me dio una nueva baja, esta vez por salud mental, pero claro, a mí la Seguridad Social me mandó a trabajar”, relata. Ella trabajaba como limpiadora en una empresa de tartas congeladas. No estaba en condiciones de volver. “¿Cómo me voy a meter yo de limpiadora con esos productos tan fuertes de desinfectante y de desengrasante en un obrador ocho horas?”, replica.
El conflicto con la Seguridad Social
Pero su caso no es particular. El abogado insiste a este periódico en que, muchas veces, no se da esa “recuperación plena” porque, al acabar los tratamientos, persisten secuelas y limitaciones. Pero "aun así se da el alta a los pacientes". Asegura que los conflictos entre la Seguridad Social y los pacientes son “mucho más habituales de lo que sería razonable o deseable”. “Por desgracia, el INSS no realiza un examen pormenorizado de cada paciente porque considera que la mayor parte de los pacientes exageran o directamente mienten sobre sus secuelas y limitaciones, sobre todo sobre aquellas que no son 100 por cien objetivables como el dolor o los trastornos psicológicos”, reconoce. Así, lo que se hace es “establecer un filtro un tanto perverso que se resume en que ‘ya reclamará aquel que realmente lo necesite’ en lugar de hacer ese ‘traje a medida para cada paciente’".
Por ahora, Juana está cobrando el paro, porque finalmente la acabaron despidiendo. “Querían llegar a un acuerdo, porque el trabajo que yo hacía no lo iba a poder hacer”, recuerda. Le pagaron lo que le correspondía y pasó a cobrar la ayuda por desempleo. Lorenzo Pérez explica que esta es una práctica relativamente habitual. “Es ilegal despedir a un paciente grave, como puede ser un paciente oncológico, que se encuentra de baja médica y sin demostrar causa justa alguna para su despido”, matiza. Eso sí, en el día a día hay acuerdos. “Son los propios pacientes los que prefieren percibir una indemnización y cobrar el paro para terminar de recuperarse antes que "pelear" la nulidad del despido”, apostilla.
Además, muchos tienen que reservar las fuerzas, anímicas y económicas, en lograr que les concedan la incapacidad permanente. Tras la enfermedad, hay quienes pueden volver a su trabajo habitual sin mayor complicación. Sin embargo, en otros casos, las secuelas hacen que esto sea casi imposible. “La alternativa más interesante para estas personas son las prestaciones por incapacidad laboral permanente, el grado dependerá de si sus secuelas y limitaciones les permiten desarrollar alguna actividad laboral o no”, explica Pérez. Pero este proceso es largo. La media en España en la vía administrativa está entre 6 y 9 meses para los “pocos privilegiados” a los que el INSS se la reconoce sin tener que acudir a la Justicia.
A esto, la mayoría debe sumarle entre 15 y 18 meses más de proceso judicial. "Y eso si no tenemos que acudir a instancias superiores", matiza. En estos casos, habría que sumar, al menos, otro año y medio por instancia. El camino es largo, por eso Pérez aconseja a los pacientes que busquen asesoramiento experto. Él recomienda tomar la vía administrativa. “Esta fase es la más importante, la primera parte, la vía administrativa, porque es donde se "construye" el caso y si esto se hace mal, dejará un rastro, a veces imborrable, que nos puede perjudicar mucho a la hora de obtener nuestros derechos”, advierte.
"Tienes una economía y una estabilidad en tu casa que pierdes"
Juana lleva dos años y medio esperando el juicio, lo tiene el mes que viene. Durante la espera, ha tenido que convivir con los estragos de la enfermedad. “Es muy estresante, tienes mucha ansiedad y mucha culpa. Cuando te pasa esto, tú tienes una economía y una estabilidad en tu casa que pierdes, y encima te sientes impotente porque no puedes solucionar las cosas”, explica. Ella pide que el cáncer sea considerado un “colectivo” y no una enfermedad común. “Yo tenía paro, pero hay mujeres que no trabajan o lo hacen sin que esté regulado y no tienen derecho a nada”, sostiene. Por ello, insiste en cambiar la forma en la que se dan las ayudas y que se asegure un salario digno a quienes sufren la enfermedad. “Yo no sabía si iba a vivir o no iba a vivir. Tenía un estadio muy alto y el tratamiento era muy fuerte; por lo menos quiero que a mi familia mi enfermedad no le cueste dinero”, concluye.
