El Ejecutivo entiende que invade derechos fundamentales de las personas fuera de un estado de alarma

El Gobierno interpone un recurso contra la vacunación obligatoria gallega
María Jesús Montero.


30 mar 2021. 14.20H
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El Gobierno dejará sin efecto de forma cautelar la ley gallega que hace obligatoria la vacunación contra el coronavirus, la cual recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que infringe los derechos fundamentales de la ciudadanía.  

El anuncio lo ha hecho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha apuntado que solo al Ejecutivo central le corresponde la potestad de  restringir este tipo de “libertades o derechos fundamentales” para contener la pandemia del coronavirus.

“Llevamos insistiendo desde el principio de la pandemia en que esto solo era posible a nivel estatal”, ha reiterado la también ministra de Hacienda al término del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo frena de esta forma la reforma de la Ley de Salud gallega de 2008 impulsada por el Partido Popular, que fue aprobada por el Parlamento autonómico el pasado febrero. La administración liderada de Alberto Núñez-Feijóo se sirvió de instrumentos jurídicos para, entre otras medidas, sancionar a quienes se negaran de forma injustificada a ser vacunados contra el Covid.

Estado de alarma


Esta obligatoriedad de la vacunación viene incluida en el apartido quinto de la citada ley, que establece que la comunidad autónoma podrá someter “a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización”. El Gobierno central también considera inconstitucionales las previsiones de los artículos 7, 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociadas a estos incumplimientos.

Paralelamente, Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la norma gallega puede vulnerar también el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del estado de alarma, las comunidades autónomas ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria "como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria de sus competencias".

En este sentido, María Jesús Montero ha confirmado este martes que el Gobierno presentará recurso de anticonstitucionalidad al entender que las modificaciones de la Ley de Salud “regulan pormenorizadamente” mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública y que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo cual no puede considerarse como un desarrollo de la ley orgánica estatal. 

Aval del Consejo de Estado


Ante la posibilidad de que estas medidas vulneraran los derechos fundamentales de la ciudadanía, recogidos en el artículo 81 de la Constitución Española, el Consejo de Ministros acordó en marzo consultó a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que ha avalado la inconstitucionalidad de la ley.

Por el contrario, el presidente autonómico mantiene su defensa de esta reforma de la ley, que, afirmó, no supone violación alguna de la Constitución. Al respecto, el mandatario popular destacó que su Gobierno “no obliga a nadie a vacunarse”, sino que ha establecido medidas para actuar en caso de que las autoridades estatales así lo establezcan. “Es una previsión legal”, apuntó. 

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