Myriam Pallarés, directora general de Muface
Hoja de ruta fijada. Nuevos objetivos en mente.
Muface y sus ‘hermanos’,
Mugeju (que dota de asistencia sanitaria a jueces, fiscales y al resto de la Administración de Justicia) e
Isfas (que hace lo propio con la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas),
buscan dejar atrás la que probablemente haya sido la peor crisis de su historia. El mutualismo administrativo ha dado comienzo a un capítulo de reconstrucción en el que los nuevos sistemas digitales (como la receta electrónica concertada) o la vigilancia al sector asegurador parecen guiar su rumbo. Pero no serán los únicos, y es que las tres mutualidades se encuentran inmersas en un
refuerzo de su sanidad con la
prórroga de convenios de asistencia sanitaria rural en varias comunidades autónomas.
Sin ir más lejos, el Boletín Oficial del Estado (
BOE) de este viernes se hace eco de uno de estos últimos movimientos. Muface y sus ‘hermanos’ han ampliado los contratos en
Castilla-La Mancha e
Illes Balears hasta el 31 de diciembre de 2029. Dos rúbricas similares a las que el mutualismo ha realizado en los últimos días en
otros enclaves de la España vacía como son
Castilla y León,
Aragón y la
Comunidad de Madrid.
Muface y sus ‘hermanos’ refuerzan la sanidad en la España vacía
Muface y sus ‘hermanos’, Isfas y Mugeju, siguen ampliando su propio mapa. Tal y como indica el BOE, las mutualidades han dado luz verde a la
prórroga de dos convenios de asistencia sanitaria en zonas rurales de Castilla-La Mancha e Illes Balears. Unos contratos que incluyen cambios, principalmente, en las
tarifas para la cobertura de los funcionarios (y sus beneficiarios) y un listado de las prestaciones de los distintos municipios que se encuentran por debajo de
los 20.000 habitantes (el límite para ser calificados dentro de esa España vacía).
El caso de
Castilla-La Mancha, donde el liderazgo de la sanidad recae sobre
Jesús Fernández Sanz, ya es más que conocido entre los mutualistas del territorio. El nuevo contrato se alza como la
quinta adenda y, si bien no contiene grandes novedades, resulta mucho más extenso que el de Illes Balears por el gran número de municipios que conforman la comunidad autónoma.
Concretamente, este contrato se centra en establecer nuevamente un vínculo entre las mutualidades (Muface, Isfas y Mugeju) con el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para dotar de cobertura sanitaria a los funcionarios que han optado por la
sanidad concertada y que residen en alguno de los municipios nombrados en los anexos del BOE. Asimismo, y al igual que con el resto de convenios de esta índole que se han emitido estos días, está
en vigor desde el 1 de enero de 2026.
El
caso de Illes Balears es ligeramente distinto. Este contrato también cuenta (al igual que el de Castilla-La Mancha) con la firma de los representantes de las tres mutualidades (
Myriam Pallarés, directora general de
Muface;
José Javier Rodrigo de Azpiazu, secretario general gerente de Isfas; y María Beatriz Anguita Arjona, secretaria general de Mugeju en representación de la gerente de la mutualidad judicial,
Juana María Gómez Valle). No obstante, el territorio no dispone de tanta ‘experiencia’ en este tipo de convenios con el mutualismo administrativo.
Como apunta el BOE, esta es la
tercera adenda de modificación del convenio de asistencia sanitaria en zonas rurales de las mutualidades en Illes Balears. Además, el vínculo se establece con el Servei de Salud de les Illes Balears, capitaneado por
Manuela García Romero.
En este sentido, el renovado convenio (que tiene las mismas fechas, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029) establece
cantidades económicas para 2026 (14,59 euros y 1,22 por persona/mes según el municipio de residencia) y un desglose del listado de territorios que se sitúan en cada categoría. Asimismo, dos localidades,
Capdepera y Felanitx, pasan a incluirse en el Anexo I, donde disponen de servicios sanitarios más amplios.
Muface y sus ‘hermanos’ ya dan los
primeros pasos para reforzar su asistencia sanitaria en zonas rurales. Unos contratos a los que se suman otros puntos clave para este año, como la
implantación total de la receta electrónica concertada en el modelo liderado por Myriam Pallarés, la reforma del mutualismo administrativo o la negociación del futuro de Isfas y Mugeju. El 2026 apunta a ser, por tanto, un nuevo ciclo para el mutualismo administrativo.
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