La idea parte desde Andalucía y el objetivo es que esta figura coordine y unifique las acusaciones

Los médicos piden un fiscal único para denuncias por agresión en sanidad
Antonio Noblejas muestra la carta remitida a las fiscalías provinciales.


16 dic. 2019 10:30H
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POR JESÚS MEDIAVILLA
Las agresiones a profesionales sanitarios es una de las mayores lacras que arrastra la profesión. Sólo durante el año 2018 se produjeron un total de 490 casos en España, lo que supone un índice de más de un ataque por día. Por este motivo, los médicos reclaman la involucración de todas las partes implicadas en este tipo de situaciones. Desde los propios servicios de salud hasta las fuerzas de seguridad, pasando por los propios ciudadanos.

Ante este panorama, la última propuesta para dar un paso al frente en esta cuestión ha sido la de la creación de la figura del fiscal especializado en agresiones a profesionales sanitarios. “Se nos ocurrió escribir una carta con esta reclamación porque había un poco de descoordinación entre los fiscales a la hora de tipificar el atentado contra el personal de la salud”, explica a Redacción Médica Antonio Martín Noblejas, presidente del Sindicato Médico de Málaga, quien ha trasladado esta solicitud a todas las fiscalías provinciales de Andalucía.


Fiscalía: "El principio de unidad de actuación ya está asegurado"


Esta proposición ha sido trasladada por este periódico a la Fiscalía General del Estado para conocer su posicionamiento al respecto y ver si se contempla la constitución de esta figura no sólo a nivel regional en Andalucía sino a nivel estatal. “Desde Fiscalía General no hay ninguna previsión de crear la figura del fiscal para agresiones a personal sanitario”, indican desde el propio Ministerio Fiscal.

El principio de unidad de actuación ya está asegurado mediante el envío de Circulares, Instrucciones y Consultas a todo el Ministerio Público para que los fiscales apliquen el ordenamiento jurídico de manera uniforme”, explican las mismas fuentes. De hecho, sostiene que en esta materia ya se dictó la Consulta n.º 2/2008 que versa, precisamente, “sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo”, y que ya recoge los mecanismos y protocolos de actuación en estos casos.


Acusación unificada


No obstante, y a pesar de que la ley establece que este tipo de acometidas se consideran atentados contra la autoridad, en ocasiones los fiscales, a la hora de tipificar estos casos, lo han registrado como “un delito entre particulares”. Por eso, el presidente del Sindicato Médico de Málaga insiste en el nombramiento de un fiscal especializado que “coordine” este tipo de actuaciones así como la petición de sanciones mediante una acusación unificada.

Martín pone como ejemplo la coordinación que existe con las fuerzas de seguridad, que cuentan con un interlocutor que aglutina todas las peticiones con el fin de homogeneizar las actuaciones de los agentes. Esto es “muy importante” porque sino “el profesional pierde la fe en la Administración”. “Por mucho que trabajemos, si nos falta la Fiscalía, que es un pilar muy importante, será más complicado -por otro lado-, concienciar a los ciudadanos”, señala.


Vílchez: “A veces notamos una diferente respuesta dependiendo del fiscal”


En este sentido, el abogado de la organización sindical, Manuel Vílchez Diez, defiende que si un caso es similar al otro, “el tratamiento por parte de los fiscales debe ser semejante”, de este modo la persona que sufre la agresión “siente que la condena es igual para todo el mundo” y no algo arbitrario. De hecho, Vílchez sostiene que la figura del fiscal especializado ya está disponible en otras áreas como medio ambiente o tráfico.


Respuestas diferentes para casos semejantes


“A veces notamos una diferente respuesta dependiendo del fiscal que se ocupe del asunto”, insiste, por eso esta figura es muy pertinente para “homogeneizar las respuesta jurídica a un mismo tema”. “Es difícil explicar porque hay diferentes respuestas a situaciones que aparentemente son las mismas”, lamenta. El abogado del sindicato considera que es lógico que “nadie puede pedir a los jueces las penas que nosotros queramos”, pero sí que el tratamiento a los sujetos, de entrada, sea igual para todos.

Por último, el abogado reclama la implicación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que se sume a esta reclamación y, además, trabaje para elaborar un sistema de “sanciones administrativas inmediatas” -como puede ser una multa- que ya se aplica en otros sectores. No obstante, reconoce que que la actual Consejería de Sanidad de Jesús Aguirre está “sensibilizada” con el asunto de las agresiones y, en las ocasiones que ha habido algún caso, ha actuado “rápidamente, apartando y protegiendo a los profesionales afectados”.
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