Los hospitales causaron dos de cada tres quejas sanitarias al Defensor del Pueblo

Redacción. Madrid
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó 1.465 quejas en 2015  sobre asuntos relacionados con la sanidad: el doble de las recibidas el año pasado (743). De ellas, dos de cada tres han sido referidas a la Atención Especializada, según el último informe anual presentado este jueves en el Congreso.

El Defensor del Pueblo, Soledad Becerril.

“Las quejas en materia sanitaria no son iguales en todas las comunidades autónomas y tampoco en todos los centros”, ha recordado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien ha destacado que las quejas “fueron muy altas a principios de 2015”.
El resto de las quejas y actuaciones se refieren a la atención farmacéutica y a los medicamentos (7,35 por ciento), y, en porcentajes menores, a la seguridad de los pacientes, las cuestiones de salud pública, el derecho a la asistencia sanitaria, los derechos de los usuarios y los problemas relacionados con el tratamiento de la salud mental.

Para el organismo, “la preocupación mayor son retrasos en la fijación de citas para intervenciones importantes, sobre todo quirúrgicas”. No obstante, “sí observamos que, tras la denuncia (...) hay una actuación, se aceleran los tiempos y las citas”, ha advertido.

En concreto, en la Atención Especializada las quejas se han concentrado en tres colectivos y se han realizado con tramitación agrupada. Por orden, se han formulado quejas relativas al acompañamiento y actuación de las doulas; a la disconformidad con un proyecto de real decreto referido a las atribuciones de los podólogos; y a problemas derivados de la rescisión del convenio para la atención del Servicio de Logopedia en el Área del Hospital de Getafe (Madrid).

En este caso se muestra un alto porcentaje de no admisión de las quejas, derivado del hecho de que el colectivo más numeroso planteaba cuestiones tales como que se censurara al Consejo General de Enfermería por emitir un informe que cuestionaba la capacitación de las doulas para realizar tareas que estiman que deben llevar a cabo matronas o profesionales sanitarios.

El Defensor del Pueblo "informó a las personas interesadas que dicho pronunciamiento no resultaba posible, pues suponía coartar la libertad de difundir libremente opiniones de la que goza dicha corporación y quienes la integran".

El número de actuaciones de oficio iniciadas en este período han sido 43, muy por encima de las 19 abiertas el pasado año. Por otro lado, las materias relacionadas con el derecho a la salud han dado lugar a 129 recomendaciones.
Respecto de las admisiones a trámite, los porcentajes varían de forma significativa en función del ámbito que se examine. El mayor, que supera el 57 por ciento, está referido a las quejas sobre derecho a la asistencia sanitaria, por cuestiones de extranjería y desplazamientos entre comunidades autónomas.

Otras quejas se han centrado en derechos de información y documentación; prestación farmacéutica (financiación pública de medicamentos y al copago) y, con menor intensidad, sobre otros derechos de los usuarios y con la seguridad de los pacientes.

Agilidad de respuesta desde la Administración

La distribución de las admisiones de las quejas por organismos está bastante repartida, salvo en Atención Especializada, en que se aprecia una concentración relevante de expedientes con organismos de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, y en atención farmacéutica y medicamentos, donde casi un tercio de las actuaciones afectan a Madrid y una quinta parte a organismos estatales.

El informe ha señalado que “la agilidad en la respuesta por parte de los organismos responsables puede calificarse de globalmente adecuada”. El porcentaje de actuaciones en los que hay que emitir un primer requerimiento no llega al 25 por ciento; un diez por ciento, segundos requerimientos; y los terceros requerimientos fueron inusuales, se emitieron siete y todos han sido respondidos.

En cuanto a los resultados obtenidos con las actuaciones tramitadas, en lo que se refiere a la Atención Especializada, en el 66,42 por ciento de los expedientes concluidos en 2015 se observó la existencia de una actuación inicial irregular que fue corregida por la Administración. En otro 9 por ciento, las administraciones actuaron de forma correcta, pero solo tras la intervención del Defensor del Pueblo.

Atención a inmigrantes y listas de espera

Ahora se estudian quejas sobres la atención de inmigrantes sin autorización de residencia en España. Para estos casos, la institución recuerda que “el derecho a la protección a la salud debería amparar a toda persona, con independencia de su situación administrativa”.

Destaca, asimismo, la recomendación a la Consejería de Sanidad de Madrid de dejar de emitir facturas a estos pacientes, que fue aceptada; y la recomendación al Ministerio de Defensa para suprimir las emitidas por la atención de Urgencias del Gómez Ulla, que no ha sido acogida.

Por otro lado, un elevado número de quejas versan sobre demoras en la atención, y ponen de manifiesto la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar no pocos meses, e incluso años, para recibir tratamiento especializado.

En estas quejas subyace que la demora en obtener la asistencia sigue siendo la principal causa de insatisfacción con la sanidad. Así denuncia espera quirúrgicas superiores a los 10 meses (incluso los más de tres años y medio para la realización de una cirugía bariátrica en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria).

En este caso concreto, afirma que el hecho de que los pacientes rechacen la opción de ser intervenidos en un centro alternativo concertado “no puede justificar, a criterio de las instituciones sanitarias de las comunidades autónomas, que permanezcan durante amplios períodos de tiempo en espera de la realización de los procedimientos programados”.

Por otro lado, la estructura, organización y funcionamiento de los centros de atención especializada han dado lugar, un año más, a un elevado número de quejas y de actuaciones de oficio, sobre aspectos dispares. A modo ilustrativo, se detalla problemas en la asistencia en cuidados paliativos, la implantación de la 'Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud', o en la derivación de pacientes a centros nacionales de referencia en determinadas patologías.

Compensación entre comunidades autónomas

El Defensor recuerda que resulta necesario que se publique el gasto del Fondo de Garantía Asistencial, cuya finalidad es la de facilitar la compensación entre autonomías por la atención a pacientes otras regiones, ya sean desplazados de forma temporal o residentes en zonas limítrofes.

La efectividad de este fondo está aún pendiente de la publicación de la disposición reglamentaria que determine el importe a liquidar a cada servicio de salud. “El retraso de esta publicación puede condicionar la adopción de acuerdos entre comunidades autónomas con relación a la movilidad de los pacientes en la sanidad pública”, ha aseverado.

Por lo que concierne a los servicios hospitalarios de urgencia, las quejas planteadas siguen incidiendo en situaciones de saturación de estos servicios y, como consecuencia de ello, en la vulneración de la intimidad y dignidad de los pacientes; las dificultades de acceso de los usuarios a nuevas vacunas también ha sido objeto de algunas de las quejas tramitadas en 2015; con cierta regularidad, y más frecuentemente durante los períodos vacacionales, se reciben quejas sobre problemas para la dispensación de medicamentos.

El copago farmacéutico continúa siendo objeto de un número destacado de quejas de aquellos ciudadanos que se ven perjudicados por las carencias o deficiencias del mismo; además, continúan recibiéndose quejas de pacientes con hepatitis C cuyo grado de desarrollo de la enfermedad aún no alcanza el previsto en la estrategia de priorización; y continúan recibiéndose quejas por un funcionamiento defectuoso del servicio de transporte sanitario no urgente, referidas al ámbito de la Comunidad de Madrid.

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Doble de quejas sanitarias al Defensor del Pueblo (29/12/15)