Seguridad Social se compromete a presentar una nueva propuesta en la reunión de la Mesa de Diálogo del 8 de abril

CCOO y UGT exigen al Gobierno avances en la negociación de la jubilación parcial para dar su apoyo a la gestión de bajas a través de mutuas
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, y Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas territoriales de UGT.


22 mar. 2024 10:30H
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Los sindicatos endurecen su postura frente al Gobierno en la Mesa de Diálogo Social. Tras conocer de primera mano el modelo planteado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que las mutuas gestionen casos de Incapacidad Temporal (IT) por patologías traumatológicas, supeditan su apoyo a que el departamento de Elma Saiz muestre interés en la implantación de la jubilación parcial, un compromiso adquirido en 2023, en el marco de la reforma de las pensiones, que se quedó, sin embargo, en el aire tras la convocatoria de elecciones generales. Una más entre las cuestiones que se guardaron en el cajón de sastre de asuntos pendientes por el 23J. En principio, el toque de atención tuvo el efecto esperado el pasado lunes. Según indican fuentes de CCOO y UGT a Redacción Médica, el Ejecutivo se comprometió a presentar una propuesta al respecto el próximo 8 de abril, día en el que volverá a reunirse la Mesa.

Atender esta demanda era conditio sine qua non para poder avanzar en el resto de asuntos que están a la espera de acuerdo: el referido uso de las mutuas para tratar bajas de origen traumatológico y la aplicación de coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada. No en vano, la reforma de la jubilación parcial, además se tratarse de un compromiso adquirido el año pasado, es una vieja reivindicación no sólo de CCOO y UGT, sino también de CSIF, que en febrero de 2022 propusieron de forma conjunta al Gobierno eliminar la figura de personal eventual e incluir el contrato relevo dentro del Estatuto Marco, cuya actualización se halla también en plena negociación bilateral entre el Ministerio de Sanidad y los agentes sociales.

La titular de Hacienda -también por entonces de Función Pública-, María Jesús Montero, abrió la puerta a pactar una modificación legislativa del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para posibilitar ese adelanto en el retiro de profesionales de la sanidad y su sustitución por savia nueva, pero aquello quedó en agua de borrajas. De ahí el renovado interés por abordarlo.

“El Gobierno estaba insistiendo mucho en la colaboración con las mutuas y los coeficientes reductores y no tanto en la jubilación parcial, así que les dijimos que había que avanzar en los tres asuntos por igual”, detalla a este medio Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. De no ser así, según agrega, no habrá acuerdo "tampoco en los otros dos temas", un punto de vista coincidente con el de UGT. “No vamos a avanzar sólo en las materias que le importen a la CEOE”, concreta la secretaria de Política Institucional y Políticas territoriales del sindicato, Cristina Estévez.

Coto a las derivaciones de casos de IT a las mutuas


La responsable de UGT se refiere al modelo de colaboración con las mutuas para abordar bajas médicas planteado por el departamento de Elma Saiz. “Si para la CEOE es prioritario poner en marcha este tema, para nosotros lo es que exista una jubilación parcial o contrato de relevo para rejuvenecer las plantillas de trabajadores”, remarca Estévez, para quien el modelo en sí no es óbice para que el diálogo social siga su curso: “Estamos de acuerdo en ese procedimiento de colaboración, pero no en que se le preste toda la atención”.

En CCOO son más escépticos al respecto. “Tememos que la actual propuesta abra la puerta a que haya más derivaciones a las mutuas de procesos y tratamientos”, explica Bravo, cuya fuerza sindical pretende que el espectro de casos traumatológicos que puedan entrar en los convenios esté lo más restringido posible. “Estamos negociando una lista concreta de patologías para que sólo se deriven casos muy concretos en los que sea necesario acelerar los tiempos de recuperación cuando el problema se esté alargando más de lo debido, y siempre que sea el médico público de la Atención Primaria el que lo prescriba y haga el diagnóstico”, dice el portavoz de CCOO, que apostilla: “No estamos dispuestos a ir más allá de lo establecido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva”.
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