Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, autores del estudio de Fedea.
La
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado
El saldo estructural de las Comunidades Autónomas, 2024-2025, un nuevo informe que analiza el impacto real de las decisiones discrecionales de gasto e ingreso adoptadas por los gobiernos regionales una vez descontado el efecto coyuntural
del ciclo económico. Los resultados dibujan una radiografía preocupante para el
sector sanitario: el desequilibrio de las finanzas autonómicas choca con la necesidad de reducir el endeudamiento y pone en riesgo la sostenibilidad futura de las transferencias sociales en especie, entre ellas la
sanidad, que representa una de las principales partidas de
gasto público.
Radiografía fiscal: las finanzas reales frente a la contabilidad oficial
A nivel general, las cifras oficiales en términos de
Contabilidad Nacional muestran que las comunidades autónomas cerraron el ejercicio con un déficit aparentemente controlado del -0,4 por ciento del PIB, lo que suponía un ligero deterioro respecto al -0,2 por ciento registrado el año anterior. Sin embargo, el informe de Fedea advierte que esta imagen es incompleta. Tras eliminar los efectos del ciclo económico y depurar las operaciones extraordinarias, como el impacto fiscal de la
DANA en las cuentas públicas, el verdadero déficit estructural del subsector autonómico se situó en el -0,6 por ciento del PIB, frente al -1,0 por ciento del año previo.
Pese a la aparente corrección, los autores subrayan que la dinámica fiscal esconde desequilibrios territoriales crónicos sumamente alarmantes para la
gestión de la sanidad pública. Para empezar, el informe desvela una profunda disparidad entre comunidades que tiene una traslación directa al margen de maniobra de sus respectivas consejerías de sanidad. En el lado positivo, únicamente tres regiones lograron mantener
superávits públicos estructurales: Navarra lidera con un holgado 1,9 por ciento del PIB, seguida a gran distancia por Cantabria (0,4 por ciento) y Castilla-La Mancha (0,2 por ciento).
En el extremo opuesto se sitúan Cataluña, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, que presentan déficits estructurales enquistados del -1,5 por ciento, -1,3 por ciento y -1,0 por ciento del PIB, respectivamente. La persistencia de estos desequilibrios resulta incompatible con la necesaria reducción de la deuda regional y eleva la
vulnerabilidad de los sistemas sanitarios.
El envejecimiento de la población y la pérdida de colchón sanitario
Las perspectivas a medio plazo en materia de
atención sanitaria que se derivan de este informe obligan a extremar la precaución. Por el lado de los ingresos,
Fedea anticipa que las tasas de crecimiento de la recaudación se moderarán de forma sustancial, a medida que la actividad económica converja hacia valores históricos.
Esta desaceleración de los recursos coincidirá en el tiempo con una
presión presupuestaria sin precedentes sobre el gasto público, espoleada por desafíos ineludibles como la
transición digital, el cambio climático y, de manera muy acusada en el ámbito de la medicina, el progresivo envejecimiento de la población. El encarecimiento de la cronicidad y l
a mayor demanda asistencial chocarán con unas arcas regionales debilitadas en su base estructural.
Así, mantener esta inercia fiscal priva a las
comunidades autónomas del margen presupuestario necesario para proteger el estado del bienestar. Si la economía entra en una fase recesiva, la falta de un colchón fiscal estructural impedirá la
adopción de políticas de sostenimiento o, lo que es más grave para el sector, pondrá en serio peligro la continuidad y calidad de las transferencias sociales en especie. En definitiva: sin equilibrio estructural en épocas de crecimiento, la
sanidad pública autonómica quedará desprotegida ante cualquier futura crisis económica.
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