Representantes del Ámbito de Negociación con el portavoz sanitario del PNV en el Congreso, Joseba Agirretxea.
La
huelga médica vuelve a la primera plana en el que es ya su
cuarto paro semanal desde febrero. Pero, mientras CESM, SMA, Amyts, SME, Metges de Catalunya y O’mega siguen adelante con su
cruzada contra el Ministerio de Sanidad, los sindicatos del Ámbito de Negociación que acordaron con el departamento la reforma del
Estatuto Marco no han dejado de reunirse con trabajadores de los servicios de salud autonómicos y con los grupos parlamentarios del Congreso para, desde la discreción, tratar de convencerles de que el anteproyecto de ley es positivo. A excepción de Vox, al que las centrales decidieron excluir de los encuentros por su apoyo expreso a un potencial Estatuto propio para facultativos, CCOO, UGT, CSIF y Satse ya se han visto con la mayoría del espectro político. Sólo les falta sentarse con dos de los huesos más duros de roer para el Gobierno en la Cámara Baja: PP y Junts. Fuentes sindicales hacen, en general, un
balance positivo de las reuniones, si bien reconocen que fuerzas nacionalistas, como el PNV, les han avanzado su intención de reclamar más competencias autonómicas en la futura tramitación parlamentaria del texto. Las centrales asumen que el camino para que el Estatuto Marco entre en vigor en esta legislatura, si es que acaba ocurriendo, será “complejo”.
Redacción Médica informó recientemente sobre los temores de Sumar, que suele llevar el timón de las negociaciones en el Congreso sobre las normas impulsadas por Sanidad, a que el Grupo Vasco registre una
enmienda a la totalidad al proyecto de ley contra el alcohol en menores, más allá del veto de Junts, que dan por sentado en el Ejecutivo. El PNV ha endurecido el tono contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad tanto en el hemiciclo como en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, especialmente en lo que concierne a la gestión de la huelga médica. Sin embargo, voces sindicales aseguran que,
en privado, el tono de los nacionalistas vascos es “más neutro”, lo cual no quita que pongan sobre la mesa sus reivindicaciones específicas durante el trámite parlamentario.
Eso será, en todo caso, después de que el Consejo de Ministros apruebe el texto como proyecto de ley. Primero deberá avalarlo como anteproyecto legislativo en primera vuelta, tras lo cual Sanidad lo someterá a audiencia pública. Una vez superada esa fase, habrá de recibir el visto bueno del Gobierno en segunda vuelta. Sólo entonces podrá remitirse a la Mesa de la Cámara Baja para que acuerde el inicio de su tramitación en las Cortes. “Desde el ministerio nos dijeron que
lo iban a mandar en breve en primera vuelta al Consejo de Ministros”, asegura a este periódico una voz de peso en el Ámbito de Negociación. Aprobar en Moncloa
el Estatuto Marco es uno de los objetivos incluidos en el Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno para este año.
Los sindicatos lamentan las informaciones "erróneas"
Cuando finalice ese proceso, la pelota estará en el tejado de los grupos parlamentarios. “Les hemos trasladado que
la ley debe aprobarse esta legislatura y no perder la oportunidad de mejorar el marco general que regula las condiciones de trabajo de todo el personal de la sanidad pública, y que, tras 23 años de vigencia, no responde a las necesidades y problemas existentes”, subraya a este periódico la presidenta de Satse, Laura Villaseñor.
La líder sindical dice ser consciente de las dificultades que entraña la aprobación de la norma por el “clima de confrontación” que hay en la Cámara Baja. De ahí que las centrales pro-Estatuto Marco hayan apostado por la pedagogía en sus encuentros con los partidos. “Han sido muchas las informaciones erróneas o deliberadamente inexactas que se han estado trasladando desde hace meses a la opinión pública por parte de organizaciones en base a sus intereses particulares.
Lo cierto y verdad es que esta ley beneficia a todo el personal sanitario, sin distinciones ni discriminaciones entre categorías profesionales”, resalta Villaseñor. “Las más de cien mejoras que contempla este proyecto normativo no pueden tirarse a la basura por que prevalezcan intereses políticos o partidistas”, añade.
Pero la aplicación efectiva del nuevo Estatuto Marco no dependería sólo de su potencial aprobación definitiva en el Congreso, y los sindicatos del Ámbito de Negociación también se lo han querido dejar claro a los representantes políticos de la Cámara Baja. “Les hemos pedido que, una vez se apruebe en el Congreso de los Diputados, actúen en las diferentes autonomías para que los respectivos servicios de salud apliquen de manera progresiva todas las mejoras acordadas.
De nada vale una ley si finalmente no se lleva a la práctica, y eso, en este caso, les compete a las comunidades autónomas”, apuntilla la presidenta de Satse.
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