El reparto de fondos de Dependencia abre un frente en el Territorial

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) el incremento de la financiación del sistema de la dependencia. Esto ha sucedido una semana después de la aprobación de la "mayor inversión social en décadas" en España, con una financiación adicional de hasta 6.200 millones de euros lo que queda de 2026 y el 2027 para refundar el sistema de la dependencia en el país.

Además, el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha avisado a las comunidades autónomas que "no pueden" reducir su inversión en dependencia. "Hemos cumplido, vamos a alcanzar el 50 por ciento de la financiación del sistema de la dependencia el año que viene", ha dicho, por lo cual, esos recursos "tiene que servir de manera inmediata para tres objetivos", ha declarado el ministro. Primero, eliminar las listas de espera en materia de dependencia; dos, contar con "mejores y más prestaciones"; y tres, "dignificar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados y de la dependencia".

Las declaraciones las ha brindado a los medios antes de iniciar la sesión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, en donde también ha destacado que la intención es que "se vote en el Congreso el mismo día de la convalidación del decreto ley de la financiación extraordinaria".

Ante la posibilidad de que algunas comunidades autónomas aprovechen la inyección económica del Gobierno central para reducir sus propios presupuestos regionales en esta materia, Bustinduy ha dicho que esto no podrá suceder "por las propias condiciones del reparto de fondos que se estableció desde el plan de choque". "Por cada euro que una comunidad autónoma detraiga o reduzca de su inversión en dependencia recibirá un euro menos por parte del Estado", ha enfatizado.

La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor el 1 de julio y supondrá que los gobiernos de las comunidades autónomas vean incrementados un 98,7 por ciento de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. En el Consejo Territorial también se ha abordado la otra vía con la que el Estado financia el SAAD: el nivel acordado de protección.

Al respecto, Bustinduy ha trasladado a los ejecutivos autonómicos que el Gobierno de España también incrementará la financiación del nivel acordado. Incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las comunidades autónomas. La inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra respectivamente, lo que implicará que, en total, la financiación total para este nivel alcance los 970 millones de euros. 

Castilla y León reclama la deuda en materia de dependencia

De esta sesión ha participado el consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien ha debutado dentro de este ámbito tras la nueva organización del gobierno autonómico. En su participación, ha reclamado a Bustinduy la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulado con la región en materia de atención a la dependencia después de que haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, un "supuesto incremento para llegar al 50 por ciento en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal". 

Vázquez ha recordado que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de aportar ese 50 por ciento. No obstante, este incremento repentino, ha explicado el consejero, llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad, como han informado en una nota de prensa. 

La región ha enfatizado, en primer lugar, en que ha sido la que ha hecho frente a la insuficiente aportación del Estado. Y, en segundo lugar, el hecho de que este incremento se apruebe por Real Decreto-Ley para 2026 sin continuidad para el próximo año supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro. Tal y como ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León.

A través del consejero, el Ejecutivo autonómico ha expresado su preocupación de cara la situación presupuestaria del nuevo modelo de Dependencia, cuya ley se encuentra en trámite, ya que este Real Decreto tiene un carácter estrictamente temporal que económicamente no prevé la evolución del coste real de los servicios y prestaciones ni el incremento de trabajadores que el propio Ministerio ha previsto en los próximos años.