Sanidad no quiere revelar la coordinación científica hasta que las autonomías aprueben el documento



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María Márquez. Madrid
A las diez Estrategias Estatales actuales (Cáncer, Cardiopatía isquémica, Cuidados paliativos, Diabetes, Enfermedades raras, EPOC, Ictus, Salud mental, Atención al parto, Salud sexual y reproductiva) se sumarán en 2013 la del Abordaje de la Cronicidad, como ya había adelantado Redacción Médica, y la de Salud y Género, pendiente también de ser aprobada por el Consejo Interterritorial (CI), tal y como ha aclarado el Gobierno en una respuesta por escrito a Gaspar Llamazares, portavoz de Sanidad de la Izquierda Plural.

Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural.

Como reza el texto de la respuesta a Llamazares, el documento de la Estrategia de Salud y Género está “concluido y pendiente de que se autorice su inclusión en el orden del día del pleno del Consejo Interterritorial para su aprobación”. La misma espera es la de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad, cuya presentación oficial será el próximo día 16 en el Ministerio de Sanidad, por lo que es probable que ambas vayan a ser expuestas a los consejeros en el último Consejo Interterritorial del año (teniendo en cuenta el compromiso ministerial de que no pasen más de dos meses entre estas reuniones).

Fuentes del gabinete de prensa han apuntado que hasta que no pase la criba del CI “no se puede informar de ella ni de las personas que han participado” en su elaboración, por lo que la identidad del equipo de la coordinación científica es, por ahora, una incógnita.

Farjas piensa en otras tres...

Por otro lado, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, apuntaba el pasado viernes, en su comparecencia para explicar los presupuestos ministeriales de 2013, su interés en desarrollar otras tres Estrategias: la de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas (dibujada en la última etapa del Gobierno del PSOE bajo la coordinación de Rosario García de Vicuña); la de Equidad en Salud, y la Estrategia Global de Promoción de la Salud. Las partidas destinadas a este apartado serán de 2.217.000 millones de euros.

La explicación a 55 despidos del ISCIII

El portavoz de la Izquierda Plural ha recibido la respuesta gubernamental a otras dos cuestiones. En primer lugar, el rechazo a su petición de la “memoria económica” de la desfinanciación de medicamentos, ya que la actualización de este listado “no requiere”, según el Gobierno, dicha memoria. En segundo lugar, Llamazares había preguntado por escrito sobre la “rescisión unilateral de encomiendas de gestión de 55 contratos laborales del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)”, cuestión que el portavoz de Izquierda Plural también formuló a los representantes ministeriales en la última Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Se trata de profesionales contratados en su día como personal laboral de la Administración con el objeto de desarrollar tres servicios específicos para el Ministerio de Sanidad (Desarrollo de actividades de vigilancia de Salud Pública, Vigilancia Epidemiológica del VIH/sida en España  e Investigación, y Asesoramiento para la mejora de la cohesión, la equidad y la calidad en el SNS) y cuyos despidos, como aclaran fuentes gubernamentales, se debieron a “retiradas de convocatoria” según la resolución del director del ISCIII, Joaquín Arenas, y a la “reducción de disponibilidad económica y reorganización de actividades para dar cumplimiento a las mismas entre las dos instituciones”.

Martínez Olmos y Blanco, mano a mano

El portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, y el diputado y exministro José Blanco, preguntarán este miércoles a la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobre la futura gratuidad de la cartera común de servicios y también sobre la información del último Consejo Interterritorial, celebrado el pasado 3 de octubre, en el que precisamente la no comparecencia de la ministra en rueda de prensa causó un gran revuelo mediático. Por su parte, Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU, se dirigirá a Mato para interesarse sobre el nuevo convenio especial que tendrán las personas con discapacidad en la Seguridad Social.

 

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