Zakaria Mwatia, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur junto a otros profesionales sanitarios. (Imagen cedida por MSF)
Sudán del Sur lleva décadas inmerso en la violencia y el conflicto. Aunque alcanzó su independencia hace 15 años, es ahora, como consecuencia de la guerra en el vecino Sudán, cuando el país vive
la mayor escalada de violencia desde 2018, año en el que se firmó el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil posterior a la proclamación de la independencia. El balance de 2025 deja miles de muertos, más de 320.000 desplazamientos internos y la amenaza de un
colapso inminente del sistema sanitario.
Zakaria Mwatia, coordinador general de
Médicos Sin Fronteras (MSF) en Sudán del Sur, explica en una entrevista con
Redacción Médica qué supone esta situación para la estabilidad del país y cómo afecta a los
profesionales sanitarios que trabajan sobre el terreno.
La amenaza de la violencia: “Nuestra instalación en Old Fangak fue tiroteada”
Médicos Sin Fronteras trabaja en seis estados de Sudán del Sur y en dos áreas administrativas. Sus equipos gestionan clínicas de salud y hospitales en los que atienden principalmente a mujeres y niños que requieren atención médica. También hacen frente a
enfermedades crónicas como la tuberculosis, el
VIH o la hipertensión, y realizan intervenciones quirúrgicas vitales para pacientes con
heridas de arma o que necesitan
cirugías complejas.
Sin embargo, su labor se ve amenazada casi a diario por los efectos de la violencia. “
La seguridad es un reto”, asegura Mwatia. En ocasiones, se ven obligados a suspender actividades porque los equipos médicos no pueden acceder a determinadas zonas. “A veces no podemos llevar medicamentos o supervisar a los trabajadores en clínicas remotas debido al conflicto, ya que en esas áreas
la seguridad nunca está garantizada”, relata.
En este contexto, recuerda que MSF ya ha sufrido varios ataques. “Nuestra instalación en
Old Fangak fue tiroteada y parte de ella incendiada, lo que provocó la pérdida de numerosos medicamentos y dejó a varias personas heridas”, explica. “También el hospital del
Condado de Ulang, el único que daba cobertura a más de 180.000 personas, fue incendiado y vandalizado por completo;
se perdió todo el material médico y el equipo de oficina. Tanto nuestro personal como nuestras instalaciones se enfrentan constantemente a la amenaza de la violencia derivada del conflicto”, añade.
La falta de apoyo internacional impulsa el colapso sanitario
Mwatia asegura que existe una grave
escasez de material quirúrgico y de prácticamente todos los fármacos esenciales, como antibióticos o
medicamentos antimaláricos. “Con los tratamientos contra la
malaria, por ejemplo, este año se produjo un gran retraso en la compra y la distribución. Nosotros, como Médicos Sin Fronteras, tuvimos que intervenir y apoyar a otros socios para distribuir las medicinas que ya estaban en el país”, explica. Asimismo, subraya
la necesidad urgente de una mayor inversión en agua y saneamiento para prevenir enfermedades como el cólera, así como en vacunación infantil, salud materna y atención de patologías generales o del VIH.
Y es que las organizaciones humanitarias se enfrentan a una
grave crisis financiera que impide cubrir las necesidades de la población. El
reto sanitario se centra en el tratamiento de enfermedades diarreicas y brotes de cólera,
patologías prevenibles mediante vacunas como el sarampión y enfermedades crónicas como la diabetes o el VIH. A ello se suma la malaria, que durante la temporada de lluvias experimenta un aumento masivo en todo el país debido a los problemas de saneamiento.
Además, el futuro está lejos de ser prometedor. El sector sanitario de Sudán del Sur depende en gran medida de los donantes y de las organizaciones internacionales. La reducción de fondos de agencias como la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha tenido un impacto muy grave en el sistema sanitario. En este último caso, el recorte estadounidense, que era el mayor donante de Sudán del Sur, aportando casi el 44 por ciento del total de la financiación, ha provocado el cierre de alrededor del 50 por ciento de las organizaciones locales desde marzo, así como el impago de salarios a trabajadores del
Ministerio de Salud, cuyos sueldos dependen de fondos externos como el P
royecto de Transformación del Sector Salud (HSTB). Por su parte, la población civil, cuya atención depende en gran medida de la ayuda internacional, sufre las consecuencias directas de los recortes.
Sobre esta situación, el coordinador de MSF remarca que el acceso a la
población más vulnerable se ha convertido en el principal desafío. “A veces es por el terreno: no hay carreteras y cada desplazamiento debe hacerse en avión. Pero también por la violencia contra las instalaciones y los combates, que impiden que nuestros equipos lleguen a las
zonas de conflicto”, insiste. A ello se suma el desafío económico: las necesidades son enormes y se requiere un aumento urgente de la financiación. En este sentido, advierte de que, si la situación no cambia, muchas organizaciones no podrán sostenerse. “Están reduciendo operaciones y recortando personal. Algunas ya han dejado de apoyar centros de
Atención Primaria y programas de agua y saneamiento. Eso significa que
la ayuda humanitaria en el país se reducirá drásticamente”, concluye.
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