Juan de Dios Molina, vicepresidente de SEPC y primer autor de la Guía de Buenas Prácticas de Neuroestimulación craneal.
Para un paciente al que los antidepresivos tradicionales han dejado de hacerle efecto, la diferencia entre recuperar la funcionalidad o anclarse en la incapacidad no debería depender de su código postal. Sin embargo, en la
sanidad actual, la pertenencia a una comunidad autónoma u otra determina quién tiene acceso a los campos electromagnéticos capaces de modular el cerebro y mejorar el estado del paciente. Para revertir esta situación y navegar hacia un ángulo terapéutico más equitativo, Juan de Dios Molina Martín, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), ha impulsado la primera
guía nacional de neuromodulación. Un documento que espera acabar con la improvisación territorial y garantizar un uso justo de la
Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) y la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa en Trastornos Psiquiátricos (tDCS).
Frente a la
ineficacia de los psicofármacos tradicionales en casi un tercio de los casos, las técnicas de neuromodulación no invasiva se postulan como una de las soluciones más eficaces a la
depresión resistente al tratamiento, causa primaria de incapacidad prolongada. Sin embargo, su implementación en el sistema sanitario español arrastra un
problema estructural crónico.
El reto, en palabras del jefe de Sección del Hospital 12 de Octubre, "no es solo incorporar tecnología, sino evitar que el código postal decida quién accede a ella", a la vista de la notable
variabilidad que ha generado el crecimiento de estas técnicas entre los distintos centros y territorios. Para corregir este rumbo, Molina advierte que la equidad no se logra únicamente adquiriendo equipos médicos, sino estableciendo "un marco que defina quién debe ser derivado, mediante qué protocolo y cómo se evaluarán los resultados".
Servicio clínico con criterios comunes
"La primera medida es dejar de entender la neuromodulación como una prestación aislada y empezar a organizarla como un
servicio clínico con criterios comunes", explica el psiquiatra. En este sentido, el documento proporciona "indicaciones basadas en la evidencia, protocolos estandarizados, consentimiento informado, monitorización clínica, registro de resultados y requisitos mínimos de formación y gobernanza".
El objetivo último, explica el experto, es que los pacientes con patologías graves
no dependan de la disponibilidad casual de un aparato en su comunidad autónoma. "La realidad es que una tecnología sanitaria no se integra de verdad cuando demuestra eficacia, sino cuando el sistema sabe dónde ubicarla, a quién ofrecérsela y cómo medir sus resultados", matiza Molina, para quien la "
innovación solo es verdaderamente útil si alcanza a los pacientes indicados con garantías de seguridad, independientemente de su lugar de residencia".
Para Molina, más que plantearse si la sanidad pública puede incorporar la neuromodulación, la verdera cuestión es "
si va a hacerlo con planificación o a remolque de la demanda", reflexiona. Es en este punto donde el especialista pide
huir de implantaciones drásticas y aboga por programas piloto medibles, unidades de referencia y una expansión paulatina ligada a la obtención de resultados. "El objetivo
no debe ser generar una nueva lista de espera, sino construir una nueva vía asistencial".
Técnica coste-efectiva
Frente a las habituales barreras presupuestarias y las resistencias que frenan la implantación de terapias emergentes, la SEPC plantea un cambio de perspectiva en el
análisis económico. El gasto en estas tecnologías no debe calcularse mirando únicamente la factura inicial del equipo, sino evaluando el
valor global de todo el proceso médico.
"En
depresión resistente, el coste de no responder también es un coste sanitario, laboral y social", subraya el vicepresidente de la sociedad científica. Para contextualizar las cifras, Molina recurre al estudio Epico, el cual determinó que los trastornos depresivos suponen un
coste social anual en España de aproximadamente 6.145 millones de euros, con un gasto medio de 3.402 euros por paciente al año. Además, tal y como ha advertido la AIReF, los
problemas de salud mental tienen un peso cada vez mayor en las cifras de incapacidad temporal del país, destacando la depresión como la causa de mayor impacto. "La depresión no solo pesa sobre las consultas; pesa también sobre la vida laboral, familiar y social de los pacientes", recalca el facultativo.
Con unas tasas de respuesta cercanas al 50 por ciento y de remisión que rondan el 30 por ciento en depresión mayor resistente, la guía defiende que la
estimulación magnética transcraneal puede ser una
opción coste-efectiva. Por ello, el psiquiatra dirige un mensaje directo a los responsables de las políticas de salud: "La administración no debería preguntarse solo cuánto cuesta implantar la neuromodulación, sino cuánto cuesta no ofrecerla cuando está indicada".
Marcos formativos homogéneos
A los escollos económicos se suman también los formativos. Para atajar la carencia actual de instrucción específica detectada entre los facultativos, la SEPC está promoviendo
protocolos comunes y marcos formativos a nivel nacional. "No basta con tener un dispositivo. Hay que saber a quién tratar, cuándo, cómo, con qué parámetros y con qué seguimiento", asevera el responsable del Programa de Depresión Resistente del centro madrileño. El documento, además, advierte explícitamente sobre los peligros de utilizar estas herramientas en entornos no sanitarios, donde el riesgo "no es solo técnico, también es clínico", advierte.
Lejos de presentar la neuromodulación como una solución que sustituya a los psicofármacos o a la terapia psicológica, el especialista defiende una
medicina humanista e integral. La técnica, defiende, se consolida como una
alternativa de primera línea tras el fracaso de los medicamentos convencionales, pero siempre sumando como una herramienta más dentro de un abordaje global.
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