Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS
La colaboración público-privada parece vivir inmersa en un debate constante. La polémica gira a su alrededor. Al menos lo hace desde hace años, cuando la discusión este modelo mixto y sus efectos en el sistema sanitario pasaron a la esfera pública. El sistema encara una vez más su vía crucis, pero esta vez en forma de norma regulatoria. La aprobación del
Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS)
en el Consejo de Ministros busca ser la casilla de salida para limitar la gestión privada del sistema sanitario público, una restricción que la
Fundación IDIS, encargada de abanderar a la sanidad privada, no ve con buenos ojos. El organismo apenas ha tardado en responder a la norma y no solo ha mostrado su rechazo, sino que ha manifestado la
importancia que tiene el sector de cara a, entre otras cuestiones,
"aliviar las listas de espera" o
"no poner en peligro" la eficiencia del sistema a través de la colaboración público-privada.
La norma ha sido uno de los
puntos estrella de las declaraciones de Mónica García, ministra de Sanidad, durante el
Consejo de Ministros. La líder del departamento sanitario ha defendido esta medida a lo largo de su comparecencia en la que ha hecho un especial hincapié en las
concesiones de la sanidad privada. "Se cierra una etapa y damos portazo a ese modelo que permitía que el lucro entrara en la gestión pública, vamos a ponerle coto a esos modelos que han detraído recursos para engrosar las carteras de unas cuantas empresas", ha sostenido.
Las réplicas del IDIS
Sus palabras han llegado a oídos de la Fundación IDIS. El organismo encargado de aglutinar a las empresas y otras entidades de la
sanidad privada no solo ha manifestado
tres puntos clave sobre el papel de la colaboración público-privada, sino que también ha apuntado el
valor de este modelo mixto y la aportación del sector privado a la "propia sostenibilidad del sistema de salud". A su vez, el IDIS, que actualmente está presidido por
Fernando Campos (consejero delegado de DKV) ha alabado el papel de esta unión de modelos sanitarios "con el objetivo de
garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente".
Con esas palabras comienza el comunicado de la Fundación IDIS, que una vez más se suma como uno de los actores clave en este
debate sobre la colaboración público-privada. Precisamente, es aquí donde el organismo ha manifestado su opinión a través de distintos focos. Unos ejes que se centran en la importancia de este sistema, así como las ventajas que aporta tanto para el sistema sanitario como para sus profesionales y para los propios pacientes.
Las primeras declaraciones del IDIS se centran en esta
colaboración que, como el propio organismo define, "es una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario". Todo ello bajo un mismo paraguas que la Fundación ya ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones, y es que su principal meta se centra en
"ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad en nuestro país". "Por tanto, es clave un marco de relación consensuado entre sector público y privado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales", remata al respecto.
La sentencia de la Fundación IDIS continúa con una alusión directa a la
limitación de la gestión privada en el SNS. Un aspecto que, como se ha hecho eco
Redacción Médica, queda restringido en este Anteproyecto de ley a
tres escenarios calificados como "situaciones excepcionales". Estos son cuando no sea posible la prestación directa; cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia; y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
"La limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de
fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un
obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria", señala el IDIS sobre este proyecto del departamento de Mónica García.
De nuevo, la Fundación saca a relucir el modelo colaborativo que, en sus palabras, permite "aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes". ¿Qué sucede entonces? El IDIS explica que la medida del Ministerio de Sanidad, esa limitación de esta colaboración público-privada, "podría
generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas".
Con esas líneas sobre la mesa, el organismo presidido por Fernando Campos sigue con su alegato, y relata que su propósito es continuar trabajando de forma activa "para
asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario". Un abanico en el que se encuentra esa colaboración público-privada que vuelve a estar bajo los focos del debate tras este paso de
Mónica García en el Consejo de Ministros.
"
Cualquier reforma o modificación debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema. La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial", añade la Fundación IDIS.
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