Sumar busca endurecer la ley frente a escraches antiabortistas a sanitarios

Sumar insiste en su apuesta por proteger el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al margen de su afán por blindarlo constitucionalmente. El Grupo Plurinacional ha registrado una Proposición de Ley Orgánica para mejorar la protección frente a escraches de los centros sanitarios habilitados para practicar abortos y, por ende, de sus profesionales.

Según el partido, el derecho al aborto -garantizado por ley en diversos supuestos y también por la doctrina del Tribunal Constitucional- “tiene que ser efectivo, libre de coacciones y sin interferencias indebidas, y exige una protección penal suficiente frente a conductas disuasorias, culpabilizadoras o intimidatorias”. El Código Penal ya recoge, en su artículo 172 quater, que se castigará con entre tres meses y un año de cárcel a quienes acosen a mujeres que quieran abortar y a profesionales sanitarios que trabajen en centros en los que se practican interrupciones voluntarias del embarazo “mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.

Sin embargo, en la exposición de motivos de su Proposición de Ley, Sumar justifica su iniciativa aludiendo a “recientes resoluciones judiciales” que “han interpretado de forma restrictiva” el alcance de dicho artículo, “excluyendo de su ámbito de aplicación determinadas concentraciones, rezos colectivos o actos de presencia continuada en las inmediaciones de las clínicas cuando estos se presentan como ‘protestas pacíficas’ o como ejercicio de la libertad ideológica y religiosa”.

Lo que el partido propone ahora es ampliar ese artículo para que, entre otras cosas, se prohíban las concentraciones y otros actos a menos de 200 metros de los centros en los que se practican abortos, independientemente de que se trate de manifestaciones pacíficas y de cuál sea su “motivación ideológica, religiosa o moral”.

Más concreción en las medidas de presión

Al respecto, se aporta mayor concreción sobre este tipo de medidas de presión, entre las que han de entrar, según el partido, “concentraciones, manifestaciones, actos de presencia organizada o espontáneas, vigilias, expresiones colectivas o individuales, o cualquier otra conducta de análoga naturaleza”. También se plantea que el hostigamiento o la intimidación no tenga por qué venir de un grupo de gente para ser castigado, sino que baste con que esa presión la ejerza o la “pretenda ejercer” una única persona.

Según expone Sumar en su propuesta legislativa, “la experiencia práctica demuestra que la protección efectiva del derecho a abortar exige no sólo la sanción de conductas individuales de acoso, sino también la garantía de un espacio físico libre de presiones en el entorno inmediato de los centros sanitarios”.

En esa línea, defiende que “la delimitación de un perímetro de seguridad no supone una negación del derecho a la libertad de expresión ni del derecho de reunión”, sino una “modulación legítima” de su concurrencia de “otros derechos fundamentales de igual o superior rango” como el de la interrupción voluntaria del embarazo, que “se integra de manera directa en el núcleo de los derechos fundamentales”, según “ha venido reconociendo de forma reiterada el Tribunal Constitucional”.

A la espera del blindaje del aborto en la Constitución

Sumar ha registrado su Proposición de Ley “por convicción social y política”, y a las puertas del 8 de marzo, tal y como ya hizo hace casi un año cuando presentó oficialmente su propuesta para blindar el derecho al aborto reformando la Constitución. Este jueves, precisamente, la Comisión Permanente del Consejo Consultivo aprobó el dictamen solicitado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre el anteproyecto de ley acordado en octubre, en este sentido, entre Sumar y PSOE.