Sumar 'amplía' la cobertura sanitaria a inmigrantes y monitoriza a las CCAA

En pleno debate sobre la articulación de la futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) -uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Sanidad de Mónica García-, la coalición a la que pertenece la titular del departamento, Sumar, ha vuelto a reivindicar la necesidad de “revisar y mejorar la legislación vigente” para asegurar la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, hoy privados del servicio, y monitorizar que esa universalidad sea homogénea entre las comunidades autónomas.

El diputado de Sumar y portavoz de la fuerza en la Comisión de Sanidad del Congreso, Rafael Cofiño, y el portavoz del grupo parlamentario de la coalición plurinacional, Txema Guijarro, han registrado una Proposición no de Ley (PNL) en la que insta al Ejecutivo a paliar, por vía de urgencia, las deficiencias que, en pos de sellar el acceso universal al SNS, se considera que tienen los Reales Decretos-ley de 2012 y 2018 al respecto.

Según se recuerda en el texto, el RD-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, “supuso un retroceso significativo y un cambio profundo en tanto que vinculaba el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a la contribución a la Seguridad Social, y se limitaba, por tanto, el acceso de personas extranjeras, tanto de aquellas sin permiso de residencia, como de algunas que sí lo tienen”.

Ya con el PSOE al frente del Ejecutivo tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se aprobó el RD-ley 7/2018, que, aunque, según Sumar, “proclamó la restitución de la universalidad” y “mejoró la situación de algunas personas sin permiso de residencia”, “también presenta importantes carencias y lagunas que siguen provocando múltiples situaciones de exclusión”.

Un año después, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, que depende del Ministerio de Sanidad, presentó una serie de recomendaciones para el “desarrollo reglamentario” del RD-ley de 2018 que, sin embargo, “se han materializado de diferentes maneras en las comunidades autónomas”, algo que, para Sumar, ha provocado “grandes desigualdades” y ha generado “una importante inseguridad jurídica”.

"La cobertura a inmigrantes no genera más gasto sanitario"

El partido que lidera Yolanda Díaz lamenta que, no sólo cuando se aprobó el RD-ley de 2012, en plena y severa crisis económica, sino también desde entonces y hasta ahora, uno de los argumentos esgrimidos para justificar esa exclusión a las coberturas sanitarias a migrantes indocumentados sea el de la sostenibilidad económica en base a una cuenta fácil: a menos personas que atender, menos coste sanitario, sobre todo si esos usuarios no aportan nada a la Seguridad Social.

Es algo que las cabezas más visibles de la formación plurinacional nunca han ocultado. “La cobertura sanitaria universal ha demostrado mejorar la salud de la población, ser un factor de crecimiento y redistribución económica y fomentar la cohesión social”, escribió el actual secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en un estudio de 2021 titulado Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, publicado por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder) y que él mismo compartió en su perfil de X el pasado 29 de enero.

Esa frase, de hecho, se ha incorporado de forma literal a la PNL que se planteará en el pleno de control de la acción del Gobierno. “En contra de ciertas aseveraciones falsas y con un tono claramente xenófobo, la plena incorporación de todos los grupos de población en la cobertura sanitaria universal -volviendo al modelo sanitario que teníamos antes de la modificación legislativa del año 2012- no genera un incremento del gasto sanitario”, se asegura en el texto.

Sumar cita varios estudios científicos, uno de 2016 y otro de 2021, para desmontar la teoría de que la atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados es un lastre económico para la SNS. “Se verifica que, bajo las mismas condiciones sanitarias, el uso de del sistema sanitario de población inmigrante en situación irregular es mucho menor que población autóctona o que la población migrante en situación regular”, afirma el partido.

En esos trabajos citados se señala, por ejemplo, que el gasto farmacéutico anual de la población autóctona se eleva a los 317 euros, frente a los 69 euros de la población inmigrante regular y los 8 euros de la población inmigrante irregular.

Acceso universal a las personas de mayor vulnerabilidad

Por todo ello, la coalición plurinacional, además de exigir que se modifique la legislación vigente en torno al acceso a la cobertura sanitaria para que su universalidad sea “plena”, recalca que ese cambio “ha de tener en cuenta aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad”, incluidas las de “las personas ascendentes reagrupadas”.

Por último, se insta a garantizar que las unidades administrativas de los diferentes dispositivos asistenciales sanitarios y sociales tengan la “adecuada información” para velar por que se cumplan estos objetivos.