El Senado pide más profesionales y visión biopsicosocial frente al suicidio

El Senado ha aprobado este miércoles por 250 votos a favor y sólo cuatro abstenciones (todas de Vox) la Ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio. El documento, avalado previamente por unanimidad en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta a finales de mayo, es el fruto de un trabajo que se ha prolongado desde 2024 en 17 sesiones y 42 comparecencias de diversos expertos. En el informe expuesto en el pleno, se concluye que el suicidio constituye uno de los principales desafíos de salud pública en España y se defiende al respecto una respuesta “biopsicosocial, coordinada y sostenida” que trascienda del ámbito estrictamente sanitario. Además, se subraya la necesidad de reforzar los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, incrementar la formación específica de MIR, PIR y EIR, y mejorar la capacidad de detección de las conductas suicidas en todos los niveles asistenciales.

En el estudio se recuerda que España registra cada año más de 4.000 muertes por suicidio, una cifra que lo mantiene como la primera causa de fallecimiento no natural y la tercera entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Frente a esa realidad, se parte de una premisa contundente: “El suicidio puede prevenirse y su abordaje constituye una obligación ética, social y política de primer orden”. Para ello, la presidenta de la Comisión de Sanidad en el Senado, María del Mar San Martín, ha abogado por “comprender que el suicidio es un fenómeno sociológico e histórico, más allá de la patología psiquiatría y de las fronteras de la atención a la salud mental”.

Los senadores consideran que España se enfrenta a “un problema de salud pública de primera magnitud” que exige la intervención activa de las administraciones, los profesionales sanitarios y la sociedad en su conjunto, incluyendo a los medios de comunicación. Es uno de los aspectos que ha resaltado la senadora del PNV Nerea Ahedo: “Debemos trabajar para que esa comunicación sea responsable, discreta con información educativa y que combata los mitos y tabúes del suicidio”. También ha lamentado que en el informe no se haya desarrollado el ámbito competencial de las comunidades autónomas al respecto del conjunto de medidas propuestas, una queja a la que se ha sumado Francesc Ten, de Junts.

En el documento se insiste en que la conducta suicida responde a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, por lo que se reclaman estrategias de prevención a largo plazo, basadas en la evidencia científica y que cuenten con participación de todos los sectores implicados. “Detrás de esos números hay historias, porque no son números, son personas”, ha resaltado Carla Antonelli, del grupo Izquierda Confederal, que ha criticado que no se hayan incluido en el informe datos sobre personas transexuales, cuyo riesgo de suicidio, ha recordado citando a varios de los expertos que comparecieron en la Comisión de Sanidad, es siete veces mayor al del resto de la población.

Detección precoz del riesgo de suicidio

Entre las principales recomendaciones de la Ponencia figura el refuerzo de la investigación y de los sistemas de vigilancia epidemiológica para mejorar la detección precoz del riesgo de suicidio. Por ello se apuesta por acelerar la aplicación del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 y se subraya que es necesario disponer de “recursos económicos, infraestructurales, humanos y de coordinación suficientes” para mejorar la prevención y la predicción de la conducta suicida. Al respecto, Ten ha reclamado “una financiación justa” que priorice los planes autonómicos catalanes en la materia y también “que no se invadan competencias”.

También se abre la puerta al uso de nuevas tecnologías y se recomienda emplear “algoritmos de análisis de Big Data” y herramientas de inteligencia artificial. Además, se propone desarrollar “autopsias psicológicas” usando los Institutos de Medicina Legal “para superar el déficit de información y la infraestimación del comportamiento suicida”. En esa línea, se aboga por prestar especial atención a los territorios y colectivos con mayor vulnerabilidad, así como a las personas con trastornos mentales graves o con antecedentes de intentos autolíticos.

Más profesionales sanitarios y plazas de FSE

En lo que concierne a los profesionales sanitarios, los senadores consideran que cualquier estrategia preventiva será insuficiente sin un aumento sustancial de las plantillas de Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería de salud mental. Con el objetivo de que España alcance las ratios europeas antes de 2031, recomiendan incrementar progresivamente las plazas MIR, PIR y EIR, adoptar medidas de fidelización del talento y reforzar la presencia de estos perfiles tanto en Atención Primaria como en los dispositivos especializados.

“La fuga de talento es una realidad que debe abordarse con medidas extraordinarias como incentivos económicos y laborales. Ante la falta de profesionales es imprescindible habilitar temporalmente a Psicólogos Generales Sanitarios para funciones preventivas mientras se forma a especialistas e incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida finalista plurianual para contratación de profesionales”, se destaca. En ese sentido, la popular Alicia García ha afeado al Gobierno que siga sin sacar adelante una ley de cuentas generales que ayude, entre otras cosas, a reducir las listas de espera sanitarias. “Quien sufre no puede esperar al año que viene”, ha dicho antes de criticar la inestabilidad del Ejecutivo.

El portavoz sanitario del PSOE en la Cámara Alta, Kilian Sánchez, ha reclamado hacer “pedagogía interna” en las Cortes como una medida más para proteger la salud mental frente a los “discursos de odio” y las “descalificaciones” que, según ha dicho, se verbalizan a través del micrófono del Senado: “Si nosotros no somos capaces de transformar la vida de las personas desde el Boletín Oficial del Estado, difícilmente vamos a poder mejorar la salud mental de las personas”. Sánchez ha lamentado que el PP haya votado en contra de determinadas mociones y proposiciones de ley alejándose de “ciertos parámetros de normalidad institucional”, lo cual, a su juicio, también “afecta a la salud mental”. El Grupo Popular ha pedido que esto último se borre del Diario de Sesiones.

Al margen del barro político, en la Ponencia se plantea formar a sanitarios y otros agentes comunitarios en la detección de señales de alarma de suicidio y facilitar el acceso rápido a atención psicológica y psiquiátrica para las personas en riesgo, si bien se alerta del impacto que la sobrecarga asistencial, el burnout y otros riesgos psicosociales tienen sobre determinados colectivos profesionales, incluidos los de la sanidad. Al respecto, Idurre Bideguren, de Bildu, ha puesto sobre la mesa “la necesidad de cuidar a los que cuidan” para mejorar las estrategias de prevención.