Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES).
Economistas y expertos en salud pública instan a Sanidad a recuperar el control en la fijación de precios de los fármacos
AES y Sespas comparten sus alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula la fijación de precios de medicamentos
El Ministerio de Sanidad plantea una transformación del procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El plazo para presentar alegaciones durante el trámite de audiencia pública finalizó el pasado 21 de julio. Las voces de la industria ya explicaron en Redacción Médica sus impresiones: no quieren que la flexibilidad se traduzca en una revisión permanente de los precios. Los pacientes también relataron a este periódico cuáles habían sido sus aportaciones al texto. Ellos buscan una mayor relevancia en la toma de decisiones y la aprobación de nuevas vías para autorizar medicamentos. Ahora, la Asociación de Economía de la Salud (AES) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) también han hecho públicas sus propuestas. Ambas organizaciones insisten en que, aunque el proyecto constituye "un avance relevante que contiene aspectos muy positivos", todavía presenta margen de mejora en materia de organización administrativa.
En este sentido, critican la propuesta de una estructura administrativa ineficaz que no refuerza el liderazgo del Ministerio de Sanidad y que complica la coordinación con las comunidades autónomas mediante órganos colegiados poco operativos. Además, señalan importantes vacíos en la gestión de nuevos medicamentos, especialmente por la falta de un marco transparente y estructurado que permita vincular su evaluación, financiación y fijación de precios. Asimismo, lamentan que la propuesta mantenga el actual sistema de precios de referencia, al que consideran obsoleto e inadecuado, y advierten que aspectos cruciales como el precio dinámico, la evaluación de datos en vida real y la propia transparencia quedan regulados de forma excesivamente ambigua, delegada o insuficiente.
Para dar respuesta a estas carencias, la Asociación de Economía de la Salud y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria han presentado un amplio abanico de propuestas para reforzar la gobernanza, mejorar la toma de decisiones y aumentar la transparencia del sistema de financiación y fijación de precios de los medicamentos.
Mayor peso ministerial a la fijación de precios de medicamentos
Ambas entidades proponen que las decisiones sobre los precios máximos industriales de financiación recaigan en el propio departamento ministerial, con el objetivo de reforzar su papel estratégico. En este sentido, plantean que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) adopte una función consultiva y de coordinación, en lugar de mantener su actual carácter decisorio. Además, reclaman incorporar a la comisión a un experto en Economía de la Salud o en evaluación de tecnologías sanitarias con voz y voto.
Respecto al marco de decisión, solicitan que los criterios de financiación se definan de forma explícita y jerarquizada en cuatro niveles: valor clínico añadido, valor económico, moduladores sociales y consideraciones sistémicas, entre ellas la seguridad de suministro o el impacto industrial. Asimismo, reclaman diferenciar de forma clara conceptos como eficiencia, impacto presupuestario y asequibilidad para evitar que se mezclen en el proceso de evaluación.
En el ámbito de la gestión presupuestaria y la reducción de cargas administrativas, las organizaciones plantean que las decisiones de financiación estén vinculadas a una previsión de restricción presupuestaria plurianual de tres o cinco años. También proponen aplicar el principio de "un expediente, una sola vez", con el objetivo de evitar que las compañías tengan que aportar de nuevo información clínica o económica que ya haya sido validada en evaluaciones nacionales o europeas. Así, añaden que “la documentación adicional solicitada al titular debería limitarse a la necesaria para resolver cuestiones específicamente nacionales”.
Sobre los acuerdos de financiación condicionada, AES y Sespas proponen clasificarlos en tres categorías: acuerdos financieros, acuerdos basados en resultados y fórmulas de cobertura con generación de evidencia. En este último caso, reclaman que exista un plan obligatorio de generación de evidencia y unas “reglas claras de salida” que eviten prórrogas indefinidas y garanticen una resolución definitiva en un plazo máximo de tres meses.
En relación con los precios y la competencia, ambas entidades advierten del riesgo de utilizar únicamente la cuota de mercado como indicador para valorar la competencia. Por ello, plantean una evaluación multidimensional que tenga en cuenta factores como el número de proveedores disponibles, el riesgo de desabastecimiento o la capacidad productiva antes de aplicar reducciones de precios.
La propuesta de una rendición de cuentas anual
Por último, en materia de transparencia y rendición de cuentas, reclaman que la publicación de información esencial del sistema deje de ser una posibilidad y pase a convertirse en una obligación. En este sentido, defienden que la confidencialidad se limite exclusivamente a aquellos datos cuya difusión pueda generar un perjuicio comercial concreto. Así, consideran que deberían hacerse públicos, al menos, aspectos como el tipo de acuerdo alcanzado, su duración, la población afectada, las incertidumbres identificadas, los resultados evaluados, las obligaciones asumidas por las partes, la fecha de reevaluación y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Como medida final, plantean establecer un sistema de rendición de cuentas anual mediante la publicación de un informe del Ministerio de Sanidad que detalle el número de expedientes tramitados, los tiempos de resolución y los indicadores de equidad territorial.
