Precio europeo o pago aplazado, vías a una innovación disruptiva asequible

Los rápidos avances científicos obligan a las administraciones a pisar el acelerador para equiparar a ese nivel de innovación la agilidad en el acceso a terapias avanzadas. Son varias las fórmulas que hay sobre la mesa, desde la búsqueda de sinergias entre la Administración y la industria farmacéutica hasta la exploración de nuevos modelos de financiación. En este sentido, los responsables de la sanidad autonómica plantean una doble vía hacia la innovación terapéutica que no comprometa ni la economía ni la equidad territorial: establecer métodos de pago aplazado a las ‘pharmas’ y fijar un precio único europeo para los nuevos medicamentos hasta que finalicen los trámites nacionales de aprobación.

Es una de las principales conclusiones alcanzadas en la mesa de debate ad hoc que ha acogido el XVI Encuentro Global de Parlamentari@s de Sanidad, organizado por Redacción Médica con la colaboración de Boehringer Ingelheim, Gilead, Pfizer y Sanofi. El coloquio, moderado por Rubén Moreno Palanques, exportavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, ha reunido a voces políticas de distinto signo que, con matices, han coincidido en que, más allá de las buenas ideas y de los avances en acceso a innovaciones terapéuticas, queda mucho camino por recorrer.

El reto de agilizar el acceso a avances terapéuticos

Marta Carmona Osorio, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Sanidad de la Asamblea madrileña, ha valorado las mejoras en tiempos de acceso que ha experimentado España en los últimos años, además de la ampliación de la estrategia de terapias innovadoras, que en 2018 se centraba solo en las CAR-T y que ahora abarca cualquier tipo de terapia: “Estamos en la buena línea”.

Para Santiago Morón Sanjuán, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, esa lectura es demasiado optimista: “España ha mejorado mucho, sí, pero partíamos de una mala situación”. El parlamentario aragonés ha tirado de cifras: aunque en España se ha pasado de un periodo de 661 días a 616 en 2024 para incorporar tratamientos innovadores al Sistema Nacional de Salud (SNS) desde que los aprueba la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el periodo medio en Alemania fue de 128 días en 2023. “La media europea está en 518”, ha apuntado, en esa línea, José María Saponi Cortés, portavoz del PP en la Comisión de Salud de la Asamblea de Extremadura.

Santiago Morón, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

Según Morón, parte de ese problema radica en la heterogeneidad de criterios nacionales en los modelos de validación: “Una vez que la EMA fija la idoneidad de un fármaco y su valor añadido para una enfermedad, ese criterio tendría que valer para todos”. 

En ese sentido, Saponi ha pedido sistemas con “más velocidad y menos burocracia”: “El reglamento europeo ya establece, aunque sólo sea para terapias oncológicas y avanzadas, un reglamento único para todos los miembros de la Comunidad Europea. Si a nivel europeo ya se ha valorado una innovación terapéutica desde un punto de vista clínico, no debemos perder más tiempo a la hora de dar rapidez a la incorporación del medicamento al eje central de todo sanitario y todo político: que le llegue a los pacientes”.

En todo caso, el portavoz sanitario del PP extremeño ha reconocido que las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Sanidad -como los reales decretos de evaluación y de precio y financiación de productos farmacéuticos- “van a aportar mucho para acortar los tiempos que tenemos tan dilatados”.

José María Saponi, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura.

Para el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria, Raúl Pesquera Cabezas, la solución está clara y pasa por establecer un precio de referencia en Europa. Según Carmona, se trata de una opción “interesante” que ya se está haciendo “oficiosamente” usando el precio de Alemania “en situaciones especiales”: “La Unión Europea no tiene competencias, pero, si oficiosamente funciona, se puede oficializar”.

Valor añadido y determinantes sociales

En todo caso, los expertos han coincidido en señalar la importancia de incluir los determinantes sociales en salud a la hora de analizar el impacto económico en la incorporación de nuevas terapias, algo que, no en vano, incide de forma directa en aspectos como la reducción de los tiempos de ingreso hospitalarios y del absentismo laboral, con el ahorro en gasto público que ello supone.

“Las terapias son muy caras, pero tienen un valor añadido para el paciente”, según Carmona, que ha pedido una “visión amplia”: “Tiene que haber financiación, pero también unas buenas condiciones de vida para que el sistema sanitario sea robusto”. Elena Lete García (PNV), presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, ha abogado por “hablar de salud, no de sanidad”, esto es, “de espacios verdes y de lo que los ecosistemas nos aportan”.

Marta Carmona, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.

Según Morón, la inteligencia artificial se erige en una herramienta clave para “analizar con bastante rigor” tales variables y, así, “poder tomar decisiones más rápidas para fijar precios de medicamentos con criterios objetivos”.

Alianzas con la industria farmacéutica

La gran aliada de la Administración para afrontar ese desafío ha de ser, de acuerdo a los expertos, la propia industria farmacéutica. “A todos nos preocupa la financiación pública del sistema. Hay que recurrir a alianzas tanto públicas como privadas”, ha señalado Lete. En ese contexto, entran en juego diversas fórmulas que pueden ayudar a aliviar el peso económico que conlleva para las arcas públicas la incorporación de terapias innovadoras al SNS.

Carmona ha abogado por llegar a acuerdos con la industria farmacéutica para “fragmentar los pagos” y la propia Lete ha planteado incluir en los contratos “cláusulas sociales” que “ayuden a que las empresas de innovación e investigación se arraiguen en el territorio”, algo en lo que “los contratos públicos tienen un margen de mejora”. Por su parte, Pesquera ha hablado de la posibilidad de elaborar “contratos de riesgo compartido” con la industria: “Con la futura Ley del Medicamento hay campo de mejora para sortear los problemas de la Ley de Contratos, que es un hándicap que tenemos actualmente”. Saponi ha reclamado un “fast track para fármacos de alto impacto”, que “tienen utilidad en pacientes que no cuenten con otra alternativa terapéutica”.

Otra opción que se ha puesto sobre la mesa es establecer pagos aplazados para no comprometer la salud financiera de las comunidades autónomas. “No me parece mal”, ha dicho Moreno, que ha reconocido la necesidad de “innovar en medicación, pero también en modelos de financiación”: “Hay que darle una vuelta al modelo de un fondo para determinadas patologías porque puede suponer un problema”.

Rubén Moreno, exportavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso.

El reto de la equidad territorial

Uno de esos problemas es el aumento de la inequidad territorial. “El acceso a las terapias innovadoras no puede ser un lastre económico para una comunidad autónoma. No puede ser que haya pacientes que se cambian de comunidad autónoma por la financiación de terapias”, ha señalado Pesquera.

Lete y Morón han chocado en sus propuestas para paliar esa circunstancia: mientras que la parlamentaria del PNV ha defendido el “autogobierno y la autonomía de acceso a medicamentos, vacunas y otro tipo de terapias” del País Vasco, el diputado aragonés de Vox ha mostrado su preferencia por la “centralización de las compras”.

Raúl Pesquera, portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Cantabria.

Elena Lete, parlamentaria del PNV y presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco.

Para Saponi, la solución es sencilla: “Menos burocracia, mayor capacidad y mayor paralelismo”. El parlamentario extremeño del PP ha abogado por establecer “un plazo mínimo común” para las comunidades autónomas “a la hora de establecer la indicación”: “Podría ser adecuado. Con ello ganaríamos equidad: no es lo mismo que un paciente de una comunidad autónoma tarde más en acceder a una terapia que en otra porque esta tenga más potencial económico”.

Mesa de debate "El Acceso a las Terapias Innovadoras en el SNS".