10 dic 2018 | Actualizado: 09:10

Podemos apoya subir el 21% de IVA a los ultraprocesados por salud pública

Los morados presentan una proposición no de ley en el Congreso para el fomento de la alimentación sana y equilibrada

Marta Sibina Camps es una de las firmantes de la PNL.
Podemos apoya subir el 21% de IVA a los ultraprocesados por salud pública
mié 25 julio 2018. 14.50H
I. P. Nova
No aplicar IVA a los productos saludables y característicos de la dieta mediterránea (el aceite de oliva, las frutas, las legumbres, los yogures, los frutos secos y el pan con fibra) e incrementar un 21 por ciento el impuesto sobre los ultraprocesados. Ese es el plan económico que quiere llevar a cabo el grupo parlamentario Unidos Podemos y que ha presentado en forma de Proposición no de Ley (PNL) ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja.

La PNL, que persigue el fomento de una alimentación sana y equilibrada, reformula la teoría de que abaratar el precio de los alimentos saludables incrementa su consumo. Para ello, Podemos se apoya en una iniciativa del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Catalunya (CoDiNuCat) que plantea incrementar los tipos impositivos a los ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. Contextualizan en su informe que, actualmente, la alimentación en España tiene dos tipos de gravamen por IVA; el 10 por ciento y el 4 por ciento, que se seguirían aplicando en aquellos alimentos no encuadrados en las categorías de estos 'nuevos impuestos'.

La propuesta ayudaría a mejorar la salud de la población y contribuiría a eliminar la desigualdad existente en el acceso a la alimentación saludable



En el documento presentado, Podemos plantea estos tipos impositivos a los ultraprocesados (los correspondientes al 21 por ciento) aunque solo insta al Gobierno de España a estipular un gravamen obligatorio a las bebidas azucaradas envasadas, dejando la idea de subir los impuestos a la comida basura en una iniciativa no reglada. En lo que se refiere a las bebidas con alto contenido en azúcar, piden que el gravamen se establezca de manera progresiva por tramos en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 ml de bebida, que podrían variar de un 8 a un 20 por ciento.

Para Podemos, su propuesta ayudaría a mejorar la salud de la población y contribuiría a eliminar la desigualdad existente en el acceso a la alimentación saludable, "con el consecuente ahorro para la sanidad pública". Y es que, recuerdan que a la alimentación insana se le pueden atribuir en España entre un 40-55 por ciento de las dolencias cardiovasculares, un 45 por ciento de los casos de diabetes y entre un 30-40 por ciento de algunos tipos de cáncer, como el de estómago y de colon. "Estas tres enfermedades suponen el 20 por ciento del gasto sanitario en España", valoran en su texto.


Menos publicidad de comidas grasas en horario infantil


Este instrumento fiscal que propone Podemos se complementaría, además, con otras acciones que incidirían en otras medidas relacionadas con la publicidad y con la educación nutricional. En lo que se refiere a la publicidad, la PNL establece la necesidad de revisar su normativa para establecer un control efectivo sobre este tipo de bebidas y productos alimentarios con altos porcentajes de azúcares y grasas en horario infantil y juvenil.

Para  impulsar todas estas medidas, los de Pablo Iglesias solicitan un acuerdo con el objetivo de estudiar y desarrollar iniciativas y políticas públicas para garantizar el derecho a una alimentación saludable y sana, con la participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y los actores implicados (colectivos de consumidores, productores y distribuidores, especialmente).

Por último, manifiestan la necesidad de promover medidas legislativas, en el desarrollo de la salud y prevención de enfermedades, con medidas para la educación nutricional de la población, el fomento de hábitos saludables en una dieta equilibrada, la función e importancia de los alimentos y el conocimiento general de su composición nutricional, orientado a prevenir enfermedades y siguiendo los criterios de la OMS y las garantías de seguridad alimentaria, respetando las competencias de las comunidades autónomas.
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