El Congreso tumba la jornada de 37,5 h que inquietaba a la sanidad privada

El Congreso ha tumbado este miércoles el proyecto del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tras aprobarse las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Con ello, el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado descartado del trámite parlamentario. La decisión se veía venir, sobre todo por la negativa de Junts, que ha insistido en que la medida tendría un fuerte impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector sanitario. Desde la sanidad privada, asociaciones y patronales habían advertido que la reducción de jornada “afectaría gravemente” a su actividad, al agravar todavía más el déficit estructural de profesionales médicos y de enfermería que ya sufre el sistema.

La caída de la ley supone un alivio para parte del sector sanitario privado, que temía que la aplicación inmediata de la jornada de 37,5 horas tensionara aún más las plantillas, complicando la cobertura asistencial y disparando los costes laborales. No obstante, el debate sobre la conciliación y la mejora de las condiciones de los trabajadores de la sanidad sigue abierto. Tras el revés parlamentario, el Ministerio de Trabajo ha dejado claro que no renuncia a avanzar en esta dirección y estudia aplicar algunas de las herramientas previstas, como el registro horario digital, que podría aprobarse mediante decreto ley sin pasar por el Congreso.

Claves de la Ley de reducción de la jornada laboral

Fue el pasado junio cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a este proyecto de Ley de reducción de jornada, un paso previo a su remisión al Congreso de los Diputados. “Damos un paso decisivo para mejorar la vida a millones de personas trabajadoras en nuestro país, un impulso nuevo a la agenda social”, celebró entonces la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El proyecto rechazado se sustenta sobre el pilar de un registro de jornada interoperable. Se trata, asume el Gobierno, de un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo. Por otro lado, se pretende garantizar de manera más efectiva el derecho a la desconexión digital a fin de evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados.

De haber salido adelante la Ley, los convenios colectivos que en la actualidad amparen jornadas de más de 37,5 horas (o 1.711 horas anuales, dado que se tendrá en cuenta un cómputo anual) se hubieran adaptado mediante comisiones negociadoras. Esta reducción no afectaría al salario de los profesionales, lo que implicaría una revalorización de su sueldo por hora.

La jornada de 37,5 horas se adaptaría a través de la reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Las fuentes sindicales y gubernamentales consultadas por Redacción Médica ratificaron que los efectos de la Ley también se percibirían en la sanidad privada, dado que “atañe a todos los sectores salvo a aquellos que, por su propio convenio o normativa reguladora, tuvieran reconocida una jornada inferior a la que ahora se acuerda con carácter general”.

Aunque el texto legislativo no contempla en sí mismo las circunstancias ‘especiales’ de la sanidad, como las guardias. Tal y como informó a este periódico el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ello dependerá de un desarrollo normativo posterior.

Recelo de la sanidad privada a las 37,5 horas

Lo cierto es que las 37,5 horas generan dudas en el sector de la sanidad privada, que ha echado en falta más tiempo para negociar el texto normativo. La patronal pone el foco, en esencia, sobre la escasez de trabajadores tanto en Medicina como en Enfermería.

“La situación no tiene visos de mejora sin medidas urgentes que permitan mitigar el problema a corto plazo, por lo que esta legislación laboral provocaría una enorme adversidad”, advirtió, en declaraciones a este periódico, el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus.