España mira al espejo europeo para mejorar la gestión de las bajas por IT

2025 cerró con cifras récord en el gasto por bajas médicas, que superó los 17.900 millones de euros. Según un reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la incapacidad temporal (IT) se consolida como una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español y el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. Ante este escenario, el Partido Popular ha solicitado al Gobierno su valoración y las medidas previstas al respecto. Por su parte, el Ejecutivo, a través de una respuesta parlamentaria, ha asegurado que impulsará un estudio para analizar las causas del aumento y abordará posibles actuaciones en el marco de la Mesa de Diálogo Social.

¿Cómo enfrenta el Gobierno el aumento de bajas por incapacidad temporal?

El Gobierno asegura que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social mantiene desde hace años un seguimiento intensivo de la evolución de las bajas por incapacidad temporal y ha puesto en marcha diversas actuaciones para contener su incremento. Entre ellas, destaca la elaboración de un estudio comparado sobre las reformas aplicadas en países del entorno europeo que, al igual que España, han registrado en la última década un aumento tanto en la incidencia como en el gasto asociado a estas prestaciones, una tendencia solo parcialmente vinculada a la pandemia. Este informe será presentado próximamente a los agentes implicados.

En paralelo, el Ejecutivo ha colaborado con la Airef en el marco de la segunda fase del proceso de revisión del gasto público 2022-2026. Por encargo del Consejo de Ministros, este organismo ha analizado la eficacia y eficiencia de la prestación por incapacidad temporal en torno a tres ejes principales. Así, el informe resultante incluye tanto propuestas ya implementadas como otras en fase de desarrollo, entre las que figuran la mejora de los sistemas de información y seguimiento, así como el refuerzo de las capacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Entre las medidas ya adoptadas, el Gobierno subraya la puesta a disposición de las comunidades autónomas de recursos humanos y materiales de las mutuas colaboradoras. Esta iniciativa se ha concretado en un convenio suscrito entre el INSS, varias comunidades autónomas, las mutuas y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), con el objetivo de mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria, contribuyendo además a reducir las listas de espera. Hasta la fecha, el acuerdo ha sido firmado por Cataluña, Baleares y Asturias, así como por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para Ceuta y Melilla, y se prevé su extensión a otros territorios.

Por último, la Mesa de Diálogo Social analiza actualmente la posible articulación de nuevas medidas en materia de incapacidad temporal, apoyadas en las conclusiones derivadas de estos trabajos de diagnóstico y evaluación.

¿Cómo funciona el acuerdo con las mutuas para la gestión de bajas médicas?

Baleares fue la primera comunidad en activar este plan, a la que después se sumaron Cataluña y Asturias. En abril, con la puesta en marcha del programa en las islas, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, afirmó que su extensión al resto del país era “cuestión de tiempo”, aunque por ahora no se ha producido. Meses más tarde, en octubre, el propio Ministerio reconoció a Redacción Médica que seguía trabajando en la creación de comisiones de seguimiento para supervisar y controlar los convenios ya firmados.

La iniciativa persigue principalmente agilizar los procesos de incapacidad temporal. Según el Ejecutivo, estas colaboraciones están orientadas a aliviar la presión asistencial sobre los servicios públicos de salud, reducir las listas de espera y acortar la duración de las bajas laborales, con el objetivo de mejorar la recuperación de los trabajadores.

Los convenios prevén optimizar el uso de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, especialmente en el ámbito traumatológico, e incorporan órganos de seguimiento encargados de velar por el cumplimiento de los acuerdos y los compromisos adquiridos.