El PSOE cree que el HUBU es la obra "más escandalosa" del Sacyl

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha comparecido ante la Comisión de Investigación de las Cortes de la comunidad que estudia los sobrecostes del Hospital de Burgos (HUBU) y ha exigido responsabilidades políticas por el "grave error" que, según él, ha supuesto la “privatización" del centro, que ha definido como la obra "más escandalosa" de la comunidad.

Además, Tudanca ha reconocido su “perplejidad” por la petición del Partido Popular (PP) de que compareciera ante la comisión y ha manifestado que es "la primera vez en la historia parlamentaria" que "el investigador comparece como investigado en una obra que decidió, adjudicó y gestionó quien gobernó la Junta".

"El modelo que se eligió no fue más barato, no fue más rápido y tampoco ha sido mejor para la calidad de la atención sanitaria", ha aseverado en su comparecencia.

Acerca de este asunto, en su comparecencia ante la comisión el pasado julio, el consejero de Sanidad autonómico, Antonio Sáez Aguado, insistió en que en caso de haber optado por un modelo exclusivamente público, en un contexto de crisis y ajuste presupuestario, "no hubiera habido hospital" o se habría construido "a costa de hipotecar otras obras en la comunidad", ha dicho el consejero.

Comparecencias anteriores

El pasado septiembre, la letrada jefe del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), Ana Isabel Rodríguez Lorca, aseguró ante la comisión que el pliego de adjudicación del proyecto de construcción y gestión del HUBU es "más garantista para la Administración que para la empresa adjudicataria".

Asimismo, Rodríguez Lorca ha explicado que fue la consultora externa quien aportó la base de este pliego, sobre el que posteriormente se redactó su versión final de acuerdo con otros similares y las aportaciones de técnicos de la Junta y de otras instituciones consultadas.

Así, la letrada jefe de Sacyl ha insistido en que se redactó un pliego que "por supuesto garantizaba el interés de la Administración", con un "equilibrio" entre "el riesgo y ventura y el interés público". La letrada jefe del Sacyl ha defendido que las modificaciones del proyecto "se ajustan al ordenamiento jurídico", como "así lo han confirmado los distintos órganos competentes".