Redacción Médica
17 de octubre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 21:55
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El PP inicia los trámites para regular al paciente electrodependiente

La Comisión de Sanidad debatirá su PNL que pretende definir a estos usuarios y dotarles de derechos y prestaciones

Teresa Angulo.
El PP inicia los trámites para regular al paciente electrodependiente
I. P. Nova
Miércoles, 18 de julio de 2018, a las 16:20
El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado los trámites para regular la figura de la persona electrodependiente  dentro del Sistema Nacional de Salud. El PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por la que pretenden definir a un tipo de paciente, hasta hoy indeterminado, y que deja a aquellas personas que necesitan de máquinas eléctricas para vivir fuera de las ayudas por enfermedad, tarifas sociales eléctricas, etc.

La medida de los populares pretende que, con la definición y regulación de la situación de las personas en situación de electrodependencia por cuestiones de salud, los pacientes puedan acceder a determinadas medidas o prestaciones sociales relativas a su enfermedad. De esta forma, desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) se garantizarían unos estándares mínimos de bienestar como cualquier paciente de otra patología definida.


Definiendo al paciente electrodependiente puede acceder a prestaciones sociales relativas a su condición


En estos momentos, los electrodependientes solo están amparados normativamente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que les garantiza el suministro de energía imprescindible para la alimentación de un equipo médico.

Por el momento, en España no hay ningún tipo de avance en este sentido mientras que, si se compara con el resto del mundo, en Argentina ha ampliado la tarifa eléctrica social para aquellas personas “con una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia". Y en Nueva Zelanda las empresas tienen prohibido desconectar la corriente de estos pacientes, incluso en caso de impago, si previamente se han registrado.


Recuperar una iniciativa del gobierno de Montserrat


Además, el grupo mayoritario en la oposición ha registrado una PNL relativa a la creación  de una Red de Vigilancia en la Salud Pública que deberá de ser aprobada, en primera instancia, por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que deberá de trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


La Red de Vigilancia tendrá un sistema de funcionamiento contínuo las 24 horas del día


El nuevo órgano de los populares continuaría con una iniciativa de Dolors Montserrat en su época de ministra pues, en el mes de febrero, la ex directora de Salud Pública, Elena Andradas, sacó adelante un Real Decreto sobre este tema que se quedó 'estancado' en el proceso de consulta pública. Según los argumentos populares, para ellos es "esencial" que los organismos como el Ministerio de Sanidad recojan, analicen e interpreten información relativa al estado de la salud de la población y los factores que la condicionan.

El grupo en la oposición argumenta que, con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia, se cree «una Red de Vigilancia en Salud Pública que incluirá, entre sus sistemas, el de alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día".


Abaratar coste en la carta de los celiacos y una opción obligada en los restaurantes


Centrándose en los pacientes, el PP también ha presentado una PNL para su debate en la Comisión de Sanidad que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes de la enfermedad celiaca. 

En su proyecto, el PP persigue impulsar nuevos proyectos de investigación así como estudiar el establecimiento de un registro nacional de personas afectadas por la celiaquía, a fin de conocer la incidencia de esta enfermedad en la población.

En cuanto al coste económico para el paciente que supone su enfermedad, el PP propone estudiar la implantación de ayudas directas o indirectas a las personas celíacas que compensen las exigencias económicas derivadas de su dieta y promover la declaración obligatoria de alimentos con gluten en las cartas o menús de los restaurantes, lo que garantizaría una mayor seguridad alimentaria a los clientes.