18 nov 2018 | Actualizado: 19:00

El Congreso vota para que Grünenthal pague su parte por la talidomida

El PP presenta una proposición en la que pide a la compañía “la colaboración económica necesaria para la reparación"

Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso y Christoph Stolle, director general de Grünenthal en España
El Congreso vota para que Grünenthal pague su parte por la talidomida
vie 19 octubre 2018. 11.00H
I.P. Nova / E.O
El Congreso de los Diputados vota la Proposición No de Ley (PNL) registrada por el Partido Popular para que Grünenthal pague su parte a los afectados por la talidomida.

Para ello, el PP propone "recabar de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España; la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado".

Frente a la "inacción" del Ejecutivo


Esta colaboración es la que se destinará para aumentar las cantidades reconocidas a las personas afectadas. De esta forma, la compañía Grünenthal deberá incrementar la cantidad y no limitarse a ayudar al Estado a pagar los 12.000 euros por punto de discapacidad.

Esta proposición parte de las PNL aprobadas en la Comisión de Sanidad del Congreso en 2016 y como respuesta a las "protestas planteadas por Avite en los últimos días por la inacción del actual Ejecutivo", explican los populares.


Hacer efectivas las ayudas


Esta propuesta completa las recogidas con anterioridad por el Partido Popular para concluir el proceso de reconocimiento de los afectados por la Talidomida conforme a los procedimientos consensuados con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; y hacer efectivo en la mayor brevedad posible las ayudas establecidas para aquéllos que "sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España". 

Estas proposiciones limitan el importe de la ayuda a percibir al "resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda";  así como reconocer el derecho a las personas afectadas por la Talidomida a "las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, así como para suplir las deficiencias causadas por las lesiones originadas por la embriopatía, estando para ello exentos de cualquier tipo de pago".





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