Las elecciones del 23-J dejan en el limbo cuatro grandes leyes sanitarias

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio ha dejado en el aire el futuro de cuatro grandes leyes sanitarias que estaban previstas para este año, así como el impulso de varios planes estratégicos. Una vez que se acuerde la disolución de Las Cortes Generales, los grupos políticos ya no tendrán margen de maniobra para negociar o presentar enmiendas sobre algunas normas que se arrastran desde bien iniciada la legislatura. Esta situación de ‘stand by’ afectará a prácticamente todo el conjunto del sector salud, desde las condiciones laborales de los profesionales hasta la industria farmacéutica.

Una de las propuestas clave que todavía sigue en fase de tramitación es la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La propuesta estrella de la exministra Carolina Darias ya fue aprobada en Consejo de Ministros a mediados de junio. Sin embargo, las dificultades para alcanzar un acuerdo posterior entre los socios de la coalición han impedido que avance más rápido a su paso por el Congreso de los Diputados.

Las exigencias de Unidas Podemos para establecer un marco legal más restrictivo sobre los conciertos con la sanidad privada es uno de los principales motivos de fricción que había bloqueado esta ley presentada por la bancada del PSOE. Sin embargo, los equipos de trabajo de ambos bloques llevan trabajando activamente desde principios de año para limar asperezas con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que cierre el año cuando vencía la legislatura, según ha podido saber Redacción Médica. Ahora, el calendario se complica por la suspensión de la actividad parlamentaria.

Desde el sector de la sanidad privada han descrito la ley como un "ataque" y han sido muy críticos con ella desde su anuncio, especialmente tras las peticiones de Unidas Podemos de limitar los conciertos con la privada a un máximo de un año y bajo un marco de circunstancias muy concreto e impedir el trasvase de médicos entre la administración pública y las empresas. No obstante, esto podría dar un giro de 180º si la formación morada deja de estar en el Gobierno.

Frenazo a las ratios enfermeras en el Congreso

Otra de las grandes normas que se quedarán suspendidas es la Ley de Seguridad del Paciente, cuya principal meta es establecer unas ratios obligatorias de enfermeras para todos los servicios de salud y abordar su reemplazo en las jubilaciones. El texto llegó al Parlamento en calidad de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero tardó más de dos años en tramitarse hasta que la Mesa del Congreso dio su visto bueno.

El futuro de la norma estaba en todo caso a merced de las enmiendas de todos los grupos parlamentarios que han presentado una batería de más de 200 modificaciones. La falta de una memoria económica que justifique la norma, el papel del Consejo Interterritorial, las competencias autonómicas, las moratorias al sector privado o la posibilidad de abrir su contenido a otras profesiones como médicos o fisioterapeutas son otros los retos aún por debatir.

Le legislatura se agota sin Ley de Salud Mental

En el calendario parlamentario también figura una de las leyes estrella de Unidas Podemos para regular la Salud Mental. El grupo morado presentó la Proposición de Ley en la Cámara Baja en 2021, pero continúa atascada en el mismo punto. Entre las grandes novedades figura la incorporación de una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes en un plazo de cuatro años.

Esta ley se ha convertido también foco de conflicto en el seno del Gobierno. Desde Unidas Podemos han acusado al Partido Socialista de bloquearla sistemáticamente mientras el Ministerio de Sanidad desarrollaba su propio Plan de Acción en Salud Mental hasta 2024. Sin embargo, fuentes de ambas bancadas habían mostrado también su compromiso por negociar antes de que estallara el adelanto electoral.

La Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, los planes normativos para facilitar el derecho al olvido de los supervivientes de cáncer en el acceso a los servicios bancarios, o la Proposición de Ley impulsada por Ciudadanos para una "vida digna" de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) son otros de los debates que siguen en el tintero en el área sanitaria. 

El calendario del Estatuto Marco salta por los aires

La nueva fecha de las elecciones también afectará al futuro de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Los agentes sociales llevan inmersos desde el mes de septiembre en las reuniones del grupo de trabajo para alumbrar una nueva reforma del Estatuto Marco. Las repetidas reuniones han permitido abordar asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional, el modelo de guardias, la promoción interna o las tasas de reposición. Todo debe ser validado en última instancia por el Congreso. 

El calendario previsto marcaba que en el mes de mayo ya tendrían que haber finalizado las negociaciones para desarrollar los primeros borradores del texto, aunque el descontento de sindicatos como CCOO, UGT o CSIF provocó que las conversaciones se suspendieran. Ahora un potencial cambio del Ministerio de Sanidad en las elecciones del 23-J podría alterar el juego de interlocutores, a no ser que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas.

Plan Estratégico de la Industria farmacéutica 

El adelanto de elecciones llega en un año crucial para la industria farmacéutica española, ya que justo está terminando de armar su Plan Estratégico, cuya presentación está prevista para junio. La finalidad de este proyecto es reforzar el tejido industrial farmacéutico español y reducir la dependencia de terceros países. Por ello, los tres pilares sobre los que se asentará serán la investigación, la producción industrial y el acceso.

Según ha podido saber Redacción Médica, diferentes agentes del sector como los genéricos y los biosimilares han hecho peticiones concretas en línea con el fomento de sus fármacos. Concretamente, tanto la Asociación Española de Biosimilares (Biosim) como la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) han pedido una renovación del Plan Profarma en la que se contemplen incentivos para su fabricación.

Por otro lado, la esperada reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos sigue varada después de varios meses. Esta normativa está prevista que se apruebe a finales de este año, ya que depende también de la regulación de la Unión Europea y su reforma de la legislación farmacéutica que tampoco se ha concretado del todo. Esta modificación servirá para poner en marcha mecanismos para potenciar el acceso a fármacos innovadores y/o modernizar los vigentes. Sin embargo, su retraso ha hecho que la industria farmacéutica haya pedido a Sanidad adelantar algunas medidas debido a su "situación crítica", como es el caso del genérico que ha pedido un apartado específico en el que se incluyan soluciones para que estos medicamentos salgan del estancamiento en el que están desde hace años.

El Perte de Salud de Vanguardia, en el aire

La semana pasada se publicaron las nuevas ayudas enmarcadas dentro del Perte de Salud de Vanguardia que proceden de fondos europeos y que seguramente se extenderán hasta 2025. No obstante, puede que los posibles cambios de gobierno nacional afecten al reparto de los 982 millones de euros asignados.

Por el momento está convocada la concesión de ayuda a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios en el año 2023 con una cantidad de 30 millones de euros.

Programa formativo y cartera de servicios de AP, en "stand by"

Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) también se podrá ver afectada por este adelanto electoral. Son varios los focos que se han querido solventar en estos últimos meses, pero que, tras el anuncio del presidente del Gobierno, han quedado 'a la espera' de un nuevo panorama político en el Estado. Medidas como la actualización del programa formativo de Familia y de la cartera de servicios de Primaria han sufrido un 'parón' con este anuncio, puesto que quedaban a la espera de un último 'sí' del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para que recibieran la luz verde definitiva y poder, así, actualizar sus contenidos tras años sin modificar ni una sola coma.

Otro de los aspectos que también quedará relegado a los meses posteriores al 23J es la creación de las nuevas especialidades, como la de Urgencias. El Ministerio de Sanidad ya recalcó que esa sería la primera de nueva creación, pero que, ahora, queda también a la espera de que el próximo equipo de Sanidad fije sus ritmos y plazos.