Los grupos del Congreso analizan para Redacción Médica las claves para reformar una norma vigente desde hace 36 años

Conciertos, pandemias y recentralización para una Ley de Sanidad siglo XXI
Elvira Velasco; Ana Prieto; Juan Luis Steegmann; Josune Gorospe; y Rosa Medel.


24 abr 2022. 18.45H
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La Ley General de Sanidad ha vuelto a la palestra 36 años después. Algunas voces del sector sanitario han puesto sobre la mesa la necesidad de reconsiderar una normativa que se aprobó en 1986 con el objetivo de adaptarla a la realidad actual. Las peticiones planteadas por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) o el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) han llegado hasta oídos de los parlamentarios, que ya han planteado sus propias baterías de cambios. Las aportaciones de los grupos quedan reflejadas en un mapa de propuestas, que van desde el reforzamiento ante nuevas pandemias hasta el debate sobre los conciertos sanitarios.

Lo cierto es que la reforma de Ley General de Sanidad no es una "prioridad" para los socios del Gobierno ni los partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, como PNV y EH Bildu. Pese a ello, el PSOE, según confirman fuentes parlamentarias a este periódico, sostiene que las medidas en materia sanitaria tienen que estar dirigidas, "en estos momentos", al desarrollo del proyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS, que ha recibido alegaciones de enfermeros, farmacéuticos y psicólogos tras la apertura del proceso de consulta pública.

Además, pone el foco en la creación del Centro Estatal de Salud Pública, tal y como anunció en su momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El Ejecutivo prevé crear la nueva agencia, cuya sede se ubicará fuera de Madrid, a lo largo del segundo semestre de este año.

Derogar conciertos sanitarios de las administraciones públicas


También Unidas Podemos se ha mostrado reacio a hacer grandes modificaciones en el texto normativo, a pesar de las reivindicaciones de las instituciones del sector privado. A su parecer, únicamente sería necesario derogar el artículo 90 de la ley, que es el que habilita la puesta en marcha de conciertos sanitarios por parte de las administraciones públicas. Este apartado cuenta con hasta seis apéndices en los que se marca, por ejemplo, los criterios de prioridad, los requisitos, las condiciones mínimas o las obligaciones en la contratación de medios ajenos.

La portavoz de la formación morada en la Comisión de Sanidad del Congreso, Rosa Medel, ha planteado que la eliminación de este artículo persigue “fortalecer el sistema público” y responde a la petición de algunos colectivos. “Lo primordial son los pacientes y para ello es esencial que los negocios estén alejados de los servicios públicos”, ha explicado a este periódico. 

Más allá de su propuesta, la parlamentaria ha criticado la petición del IDIS para reformar la ley, imitando los sistemas alemán o francés porque considera que son “ineficientes”, lo que provocaría un encarecimiento de los servicios y una pérdida de calidad asistencial. “Su objetivo es que el modelo español de gestión pública se modifique para facilitar la parasitación de nuestro sistema por la sanidad privada”, ha lamentado.

Futuras epidemias y refuerzo de plantillas en el SNS


En este escenario, los principales grupos de la oposición emplazan al Ejecutivo a abrir un grupo de trabajo en el que se aborden los “retos necesarios para hacer sostenible el SNS del futuro”. Entre ellos, el Partido Popular, que considera necesario “actualizar la legislación sanitaria” tanto en el ámbito nacional como en el autonómico para adaptarla a las propuestas de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

Fuentes de la formación popular indican al respecto que ese “fortalecimiento” del SNS y de las Políticas de Salud debe quedar plasmado en un calendario de reformas legislativas derivadas de las propuestas de esta comisión, que tiene dos pilares: la necesidad de ‘preparar’ al país frente a nuevas epidemias o catástrofes y mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales sanitarios “con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema”.

En el caso de Vox, el reto sigue radicando en “devolver la Sanidad al Estado central”. En este sentido, destacan la necesidad de profundizar en dos de los principios de la Ley General de Sanidad como son el de la “igualdad en el acceso y en las prestaciones sanitarias” y el de la “superación de los desequilibrios territoriales y sociales mediante cohesión”.
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