La formación morada presenta una proposición no de ley para fiscalizar los recursos y perseguir posibles fraudes

Podemos lleva al Congreso potenciar inspecciones de conciertos sanitarios
La portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en el Congreso, Rosa Medel.


16 feb 2022. 18.40H
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Unidas Podemos se ha marcado como objetivo incrementar sus inspecciones sobre los conciertos sanitarios. El grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para aumentar la fiscalización de los servicios externalizados del sector.

La formación morada ha propuesto que se incluya en los programas de inspección del Sistema Nacional de Salud y de las respectivas comunidades autónomas un plan para evaluar la organización de los conciertos, las concesiones o cualquier externalización de clínicas o servicios asistenciales que se realice en el país.

El partido de Ione Belarra buscará el apoyo de sus principales socios parlamentarios, entre ellos el PSOE, para establecer nuevos cauces para comprobar si los recursos públicos que se destinan para prestar servicios de manera privada cumplen con los “objetivos sanitarios, sociales y económicos” que han fijado las administraciones.  

Unidas Podemos también ha instado a que se recurra a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación para evaluar el cumplimiento de los acuerdos sobre los servicios que se realizan de manera externalizada para garantizar que se rijan por las exigencias de “necesidad, idoneidad y eficiencia”.


Podemos pide más control para evitar fraudes

El texto insiste en la necesidad de realizar inspecciones para perseguir cualquier posible caso de “fraude, corrupción o distorsión de las prestaciones o servicios sanitarios asociadas a todas las fórmulas organizativas distintas de la gestión directa".

Más allá de los aspectos sobre el uso de los recursos económicos de la administración, Unidas Podemos también persigue con su proposición no de ley hacer un llamamiento para que se revise si las contrataciones privadas de sanidad cuentan con los mecanismos suficientes para impedir la discriminación por razones socioeconómicas en sus servicios.

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