Agencia de Salud Pública y Airef sanitaria esperan la acción parlamentaria

La consagración de un Gobierno central permitirá desempolvar en las Cortes Generales proyectos de índole sanitaria que bien no pudieron terminar de tramitarse antes de la convocatoria de elecciones o bien se encuentran a expensas del necesario debate parlamentario. Entre los más significativos se encuentran la creación de una 'Airef' sanitaria, una reivindicación que surge del ámbito de las asociaciones científicas; y la malograda Ley ELA, que, a pesar de ser aprobada por unanimidad en 2022, no logró cristalizar.

Durante los últimos meses, los grupos parlamentarios han mantenido con marchas forzadas la actividad del Congreso. Desde el PP vienen advirtiendo de que la imposibilidad de ejercer el debido ‘control’ sobre la actuación del Ejecutivo, al que apenas se le ha podido abordar mediante preguntas parlamentarias escritas.

Una de las más recientes atiende a una demanda creciente de sociedades científicas y organizaciones economía sanitaria: la creación de una ‘Airef’ de la salud que aporte “transparencia” a la actuación de las administraciones sanitarias y acabe con las “arbitrariedades” en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de medicamentos y tecnologías.

El Gobierno deberá responder a esta interpelación presentada por los populares, que esperan a conocer en el corto plazo la postura del gabinete de Sánchez antes de tomar un posicionamiento concreto.

Otras propuestas caducaron tras la convocatoria de elecciones generales, como el modelo de Agencia Estatal de Salud Pública que presentó en febrero el Gobierno central y que se quedó en la fase de enmiendas. 

En la misma orilla murió el proyecto de Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el que el gabinete de Pedro Sánchez pretendió “blindar” la sanidad pública frente a los modelos privados. No obstante, PSOE y Sumar ya han exteriorizado su intención de recuperar esta iniciativa la próxima legislatura en las Cortes Generales.

La Ley ELA, estancada en el Congreso

Lo mismo pretenden hacer los grupos de la oposición con la Ley ELA, la misma que fue aprobada por unanimidad en 2022 pero cuya tramitación se estancó. Recientemente, el grupo parlamentario de Vox llevó a la Cámara una Proposición de Ley (PL) para sacar la norma ‘del cajón’ y extender su alcance a personas que se encuentren en situación de ‘gran dependencia’.

También el PP ha pedido mayores esfuerzos al Gobierno para “blindar” el apoyo a los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica. A través del Senado, el grupo popular ha reclamado a su vez la creación de un Centro Nacional de Investigación de la ELA que se erija como un “referente internacional”.

Antes de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes, los populares informaron de su intención de profundizar en otras dos grandes reformas legislativas mediante una Ley General de Sanidad que condicione el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) y otra norma de Publicidad y Prestaciones de las Actividades Sanitarias. 

Por su parte, la formación de Santiago Abascal registró este mismo octubre otra proposición no de ley (PNL) destinada a reforzar la seguridad de hospitales y otros enclaves estratégicos frente a ciberataques con más recursos para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un problema que conocen de primera mano los responsables del Clínic de Barcelona, donde se robaron 4,5 TB de datos de pacientes. 

Una de las proposiciones de ley que ‘sobrevivieron’ a la disolución de las Cortes Generales el pasado mayo y se reservaron para volver a trasladarlas al Congreso en la XV legislatura fue la Ley ELA. Aunque su tramitación es incierta: tal y como informó Redacción Médica, el Ejecutivo que surja del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar dispondrá de un plazo de 30 días para decidir si veta el proyecto de ratios, que llegó a la Cámara Baja en 2019 y que, entre otras medidas, establece un máximo de seis profesionales en las unidades de hospitalización (se puede ampliar a ocho bajo ciertas circunstancias), de dos en las de críticos y de tres en postquirúrgicas.

La citada ley, que se registró como iniciativa legislativa popular con la firma de más de 600.000 personas, seguirá de esta forma en la agenda del Congreso de los Diputados. No ocurre lo mismo con otros proyectos que caducaron tras la convocatoria de elecciones generales, como el modelo de Agencia Estatal de Salud Pública que presentó en febrero el Gobierno central y que se quedó en la fase de enmiendas.

Plan de Salud Mental de Podemos

Para Unidas Podemos, que esta legislatura estará integrada en la plataforma Sumar, la gran asignatura pendiente fue la de la regulación de la salud mental. La formación de Ione Belarra presentó en 2021 su PL, llamada a establecer ratios mínimas de 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes en un plazo de cuatro años.

Como tantas otras, la ley quedó encallada en el Congreso, en gran parte por las diferencias entre los socios de Gobierno sobre la misma.