La ministra de Sanidad, Mónica García.                                             
                                        
                                        
                                            La 
Mesa del Congreso de los Diputados ha abierto un plazo para la presentación de enmiendas para el proyecto de ley por el que se crea la 
Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley General de Salud Pública. Lo han hecho este martes, por el 
procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena.
El proyecto de la 
creación de la Agencia de Salud Pública, que cuenta con el 
visto bueno del Consejo de Ministros desde hace apenas siete días, llevaba en el ‘cajón’ desde hace más de una década. El Gobierno lo ha recuperado con el fin de “reforzar las capacidades del Estado para
 mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a
 riesgos y amenazas sanitarias” como podrían ser futuras pandemias, tal y como recoge el propio proyecto de ley.
Se trata de un plan que 
se sustenta sobre “cinco misiones”: 
modernizar el sistema de vigilancia para responder con agilidad a futuras pandemias; el concepto ‘
One Health’, ligado a la salud vegetal, protección medioambiental y seguridad alimentaria; coordinar 
actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias; reforzar la 
coordinación de servicios de salud pública y asistenciales 
de comunidades autónomas, Ceuta y Melilla; y evaluar los determinantes sociales y de las 
desigualdades sociales en la salud.
	
	¿Cómo será la empresa farmacéutica pública?
Junto a esto, el órgano rector de esta Cámara ha admitido a trámite la solicitud del
 Grupo Popular para que la ministra de Sanidad, 
Mónica García, rinda cuentas “sobre el desarrollo de la 
empresa farmacéutica pública”. Del mismo modo, García deberá explicar ante la Comisión de Sanidad cuáles son “los 
plazos reales de ejecución” de este proyecto, c
uántos recursos se invertirán y cuál será la coordinación que se realizará con el sector privado.
Esta es otra idea que el propio ministerio ha 
desempolvado con la llegada de Sumar a los mandos del departamento. En un principio, según alegaban fuentes de esta formación, la idea que la futura empresa farmacéutica pública
 se sustente sobre varios ministerios, siendo el más importante el de 
Sanidad.
En este sentido, departamentos como el de 
Ciencia e Innovación, encabezado por 
Diana Morant, podrían ser determinantes en la investigación para el 
desarrollo de medicamentos innovadores, así como de la "sostenibilidad de la industria". 
En línea con la solicitud presentada este martes por el PP, se enmarca la 
última noticia que Sanidad ofreció acerca de esta iniciativa, que fue la de la intención de 
crear una sociedad público-privada con el fin
 acelerar la producción de medicamentos. Se trata de un trabajo conjunto entre ambos ministerios que podría estar más cerca que nunca.
Esta colaboración fue calificada por Sanidad como 
una opción "extremadamente relevante", ya que gran parte de los medicamentos de terapia avanzada tienen el origen en instituciones académicas.
	
	Transparencia y adicciones, otras cuestiones de Mónica García
Además, García también deberá intervenir en la 
Comisión de Sanidad para explicar cómo ha sido la selección de los "
Cancer Comprehensive Centers". Se trata de otra demanda que ha solicitado el
 Grupo Popular ante lo que consideran “falta de transparencia y rigor”, que alegan que ha sido 
denunciado por 30 jefes de servicios de Oncología “de hospitales de todo el Sistema Nacional de Salud”.
En esta línea, desde Sanidad 
se ha defendido la "transparencia" del proceso de selección de estos 
centros para la atención y el tratamiento del cáncer y han 
rechazado las críticas de la Consejería de Sanidad de Madrid, que acusaban al gabinete de García de 
actuar de manera "sectaria e ideológica" por incluir en la lista a un solo hospital de la región pese a que en ella se trata el 40 por ciento de los cánceres de España.
Por otra parte, García deberá acudir también a la
 Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de Adicciones, a petición del propio 
Gobierno, para informar sobre las 
líneas generales que seguirán las 
políticas de su departamento en lo referente a esta problemática.                                        
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