El informe encargado por Sanidad ante las demandas sindicales insiste en que la potestad es de Hacienda en los PGE

Sede del Ministerio de Sanidad, que ampara su negativa a la subida salarial en el Estatuto Marco en un informe jurídico
Sede del Ministerio de Sanidad.


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Reformar el sistema retributivo de los trabajadores de la sanidad pública en el Estatuto Marco ligándolo a una nueva clasificación profesional supondría “una quiebra del principio de seguridad jurídica”, definido por el Tribunal Constitucional en “diversas sentencias”. Así se resume en el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, elaborado a petición de la Dirección General de Ordenación Profesional ante las demandas sindicales en plena negociación para actualizar la carta magna sanitaria. En el documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, se insiste en que la materia retributiva de los funcionarios de carrera es propia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo impulso le corresponde al Ministerio de Hacienda. Por tanto, abordar la cuestión salarial en una “ley ordinaria” como la del Estatuto Marco, “que lo que hace es regular el régimen de un tipo de personal al servicio del ciudadano (personal estatutario)”, rompería el “respeto al principio de especialidad y competencia”.

Sanidad cuenta con otro informe jurídico que también descarta la regulación del marco de jubilación anticipada y parcial en el Estatuto Marco, tal y como avanzaron fuentes del ministerio a Redacción Médica este martes. “Incluir estos asuntos -la revalorización salarial y la jubilación- en el Estatuto Marco supondría invadir competencias”, sostiene el ministerio en base a las conclusiones de ambos documentos. En lo referente al aspecto salarial, el informe consultado por este periódico subraya que regularlo al margen de los PGE también conllevaría “una quiebra del principio de interdicción de la arbitrariedad”. Sería lo que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1998, citada en el documento, define como “degradación encubierta de la competencia -o especialidad- normativa” al permitir que, mediante una “tramitación ordinaria”, se modifique “una materia que debe ser regulada con las garantías y el procedimiento de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, leyes únicas en su contenido y procedimiento de elaboración”.

Choque entre Sanidad y los sindicatos del Ámbito


Los informes socavan las aspiraciones de la mayoría de sindicatos representados en el Ámbito de Negociación. Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde reclaman desde hace meses incluir en el Estatuto Marco dos aspectos que, en su momento, definieron como “irrenunciables”: por un lado, un nuevo marco retributivo unido a la reclasificación profesional adaptada al Marco Español de Cualificaciones (MECU), y por otro, unas bases para normativizar el acceso a la jubilación anticipada por coeficientes reductores y la parcial con contrato de relevo del personal estatutario.

Sanidad mantiene convocada para este jueves la que, en principio, será la última reunión del Ámbito para tratar de consensuar un anteproyecto legislativo. Sin embargo, estos cinco sindicatos anunciaron este martes que no acudirían a la cita. Para las organizaciones, es fundamental seguir negociando tomando como referencia un texto que, como mínimo, contenga las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, y las reuniones del ministerio y los responsables regionales no se producirán hasta el 11 y el 12 de septiembre.

En Sanidad aún confían en que las fuerzas sindicales reconsideren su postura para, así, “terminar de perfilar el texto del Estatuto Marco con aquellas cuestiones que sí puede contemplar este instrumento normativo, como la carrera profesional, la movilidad, las guardias o las condiciones de trabajo, entre otras, y no con otras, como las retribuciones o la jubilación, que, aunque han sido planteadas por los sindicatos del Ámbito, no competen a este departamento”.

En todo caso, en el ministerio no cierran la puerta a abordar las mejoras en las retribuciones del personal sanitario público por vías alternativas, pero, teniendo en cuenta que esa materia es competencia de las comunidades autónomas en última instancia, entienden que el espacio propicio para ello no es el Ámbito de Negociación, sino el Foro Marco del Diálogo Social, donde habrá representación regional, además de sindical. Será a partir de la segunda quincena de septiembre.
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