García pide reconsiderar la huelga médica: "Plantea serias dificultades"

Mónica García ha movido ficha a menos de dos semanas de que comience la huelga nacional indefinida convocada por diversos sindicatos médicos como medida de presión, la enésima, para que el Ministerio de Sanidad impulse un código laboral específico para el gremio, al margen de la reforma del Estatuto Marco para todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). La ministra ha enviado al comité de huelga una carta en la que, en resumen, insta a las centrales a optar por “cauces legítimos” alternativos al paro laboral, preferentemente el debate parlamentario, para no comprometer la continuidad asistencial: “El recurso a una huelga indefinida con la finalidad de que sea este Ministerio quien impulse la elaboración de un estatuto propio plantea serias dificultades, especialmente por su impacto sobre la ciudadanía, cuando el ordenamiento jurídico vigente contempla vías plenamente habilitadas para canalizar esta demanda sin provocar una afección prolongada a la atención sanitaria”, reza la misiva, a la que ha tenido acceso Redacción Médica.

Tras más de tres años de negociaciones, Sanidad alcanzó un acuerdo para actualizar el Estatuto Marco -vigente desde 2003- con la mayoría de los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación: Satse, CCOO, UGT y CSIF. CIG-Saúde acabó desmarcándose de un pacto en el que tampoco figura la firma de CESM, una de las organizaciones médicas que, junto a Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (Omega), mantiene convocada la huelga indefinida a partir del 16 de febrero. El texto está aún pendiente de elevarse al Consejo de Ministros para que, posteriormente, se someta a la tramitación parlamentaria.

"Mejora de las condiciones de todos los profesionales sanitarios"

En su carta, García asegura que el anteproyecto de ley acordado “supone una mejora sustancial de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios”. El texto, recuerda, contiene un “capítulo específico y diferenciado” para el personal médico y facultativo “que responde a la gran mayoría de las demandas planteadas por este colectivo”. “Las demandas que no se ajustaban a las competencias del Ministerio de Sanidad ni al ámbito propio de una ley marco de carácter estatal, han sido debidamente trasladadas a las comunidades autónomas, que tienen la competencia plena en materias como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas, la planificación de plantillas y su incremento”, explica.

La ministra reivindica la legitimidad de la mesa del Ámbito de Negociación para adoptar acuerdos en materia de legislación laboral con “las organizaciones sindicales más representativas de los profesionales sanitarios, elegidas democráticamente en las elecciones sindicales que representan a todos los profesionales incluidos los médicos facultativos”: “Es este órgano, y no otro, el que cuenta con el mandato legal para el diálogo y la concertación de acuerdos, del mismo modo que las decisiones en materia legislativa corresponden a los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos democráticamente en el Congreso de los Diputados”.

Pese a ello, subraya, como ha hecho varias veces en público, que el ministerio ha mantenido con los sindicatos médicos, “en un ejercicio de diálogo y buena fe, más de veinte reuniones, tanto con CESM (organización que además forma parte del Ámbito de Negociación), como con las organizaciones integradas en Apemyf”. “En el seno de dichas reuniones se alcanzaron numerosos puntos de convergencia que quedaron reflejados en el texto. El Ministerio de Sanidad llegó a remitir, en diciembre de 2025, un documento con propuestas orientadas a la consecución de un posible acuerdo, sin recibir una contrapropuesta”, apunta.

En ese contexto, García considera que la exigencia de retirar el texto del Estatuto Marco para iniciar de cero la elaboración de un Estatuto Médico “no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del SNS”. La ministra entiende que ello implicaría “la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas, la ruptura de un sistema basado en el trabajo multidisciplinar, el desconocimiento de la legislación vigente en materia de negociación colectiva y el desaprovechamiento del extenso trabajo desarrollado en más de sesenta reuniones”.

Y aunque expresa su “máximo respeto” por el derecho a ejercer la huelga, advierte de la “afección prolongada para la atención sanitaria” que conllevaría un paro indefinido como el que han convocado los sindicatos médicos. Por ello, viene a invitar a los convocantes a escoger uno de los “diversos cauces legítimos” ajenos a la iniciativa del Gobierno y del Ministerio de Sanidad “para promover la elaboración de un estatuto propio para el personal facultativo”.

Varias alternativas legales para impulsar un Estatuto Médico

Las alternativas, tal y como publicó este periódico recientemente, son la proposición de ley a través de uno de los grupos parlamentarios del Congreso, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), “empleada por la sociedad civil como mecanismo para promover iniciativas normativas con el respaldo directo de la ciudadanía”; las iniciativas de ley promovidas por los parlamentos o asambleas autonómicas y, por último, “la negociación de aquellas condiciones de trabajo cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, en el marco de las mesas sectoriales de los respectivos servicios de salud”.

A esas vías, la ministra añade el propio trámite de audiencia e información pública al que se someterá el anteproyecto de ley del Estatuto Marco una vez lo apruebe el Consejo de Ministros. También alude al debate parlamentario en las Cortes, “en el que el texto se somete al debate y a la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios para su revisión y eventual mejora”. Según García, impulsar una ley de Estatuto Médico con cualquiera de estos procedimientos no llevaría más tiempo que hacerlo a través del Ministerio de Sanidad, “por lo que no cabe invocar razones de plazo como justificación del recurso a una huelga indefinida”.

“Por todo ello, consideramos que focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no resulta la opción más adecuada, cuando existen mecanismos legales suficientes y plenamente accesibles para canalizarlas, especialmente teniendo en cuenta que la decisión en cuestión ha sido adoptada legítimamente en el marco del diálogo social”, reitera García. En Sanidad entienden que el cauce parlamentario es “el ámbito más adecuado” para avanzar en las demandas de los profesionales médicos, “evitando medidas que puedan afectar al normal desarrollo de la atención sanitaria”. La ministra finaliza la carta reiterando su “firme voluntad de diálogo, en el marco de los cauces legales y desde la responsabilidad institucional”, con “el objetivo prioritario” de “mejorar las condiciones laborales de los profesionales, proteger el interés general y salvaguardar la salud de la ciudadanía”.