España tira de procedimientos genéticos para combatir el tráfico de órganos

La Universidad de Granada y su programa 'DNA-PRO-ORGAN' contarán, a partir de esta semana, con un apoyo de dos grandes entidades que colaborarán en la difusión de este programa científico para la prevención del tráfico de órganos y la trata de personas con fines de extracción de órganos, centrado en la identificación genética. Se trata de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (OMC), quienes se comprometen a difundirlo y promocionarlo "de la forma más amplia posible entre la comunidad médica", incluso a nivel internacional.

"Este proyecto se basa en la realización de procedimientos genéticos para obtener la vinculación genética en la identificación de menores desamparados y tráfico de órganos", señala Sanidad en el documento de convenio sobre el programa de la universidad granadina.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un documento que establece los distintos compromisos de las tres partes. Por una parte la ONT, a través de sus propios medios de comunicación, realizará las "oportunas actividades para la promoción y difusión del programa" entre los profesionales de la red española de donación y trasplante y en el ámbito de otras instituciones con las que mantenga vínculos comunes, también a nivel internacional.

La suma de la OMC supondrá una promoción de este programa "entre todos los colegios de médicos" también a través de sus propios medios de comunicación, incluso su página web.

Por su parte, la Universidad de Granada, que ya está funcionando con su proyecto, se compromete, a diseñar una "explicación comprensiva" a la comunidad médica española y a la de los países que estén interesados de los objetivos ddel programa "para su aplicación y extensión". "También a establecer la formación metodológica, científica y técnica para que los profesionales médicos y sanitarios seleccionados procedan a la adecuada toma, custodia y envío de las muestras biológicas a analizar, tanto de los receptores y de sus familiares como de los órganos humanos", señala el BOE.

Entre otros compromisos, están los de establecer la formación metodológica, científica y técnica para que los profesionales médicos y sanitarios seleccionados conozcan los problemas relacionados con el tráfico ilegal de órganos y la trata de personas con fines de extracción de órganos para trasplante, de modo que puedan "representar un papel informativo y preventivo de este tipo de delitos y el  de mantener la información actualizada de todas las actividades relacionadas con estudios y avances habidos en el programa.

Convenio "de cuatro años" contra el tráfico de órganos

El convenio comenzará a surtir efectos desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), sin perjuicio de su posterior publicación en el BOE y contará con una vigencia de cuatro años, pudiéndose renovar de forma expresa "por acuerdo unánime de las partes" por un periodo de cuatro años adicionales.

Las tres partes que se unen frente al tráfico de órganos señalan en el documento que las actividades de donación y trasplante en España se rigen por lo especificado en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos y en el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. "El tráfico de órganos y la trata de personas con fines de extracción de órganos son prácticas tipificadas como delitos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal", puntualiza Sanidad.