Primaria se fractura ante la Seguridad Social por la autoridad en las bajas

Las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, sobre el aumento de las incapacidades temporales (IT) y el coste que estas suponen para las empresas han reabierto el debate sobre las bajas laborales en España. Mientras la patronal reclama más controles y propone que la Seguridad Social asuma íntegramente el coste de los primeros quince días de baja por contingencias comunes, desde Atención Primaria recuerdan que una incapacidad temporal es, ante todo, una herramienta clínica y no un mecanismo de absentismo laboral.

Los médicos de Familia consultados por Redacción Médica coinciden en rechazar la identificación automática entre baja médica y absentismo, aunque ofrecen visiones distintas sobre el papel que desempeñan organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y sobre el grado de autonomía real que tienen los profesionales en la gestión de estos procesos.

Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), considera que parte del debate público se está construyendo sobre una interpretación errónea del funcionamiento del sistema. A raíz de las críticas que sugieren que las bajas son más cuestionadas cuando el coste pasa a recaer sobre la Seguridad Social, el facultativo niega que exista una confrontación habitual entre el criterio clínico del médico de Familia y las decisiones del INSS y, por ende, una lesgitimación de la figura profesional que encarnan. 

Competencia del médico de Familia durante un año

"La competencia del médico de Familia es durante el primer año. A partir de ahí el paciente pasa al INSS y son sus médicos evaluadores quienes toman las decisiones", explica. Y es que, según detalla, el proceso está organizado en etapas diferenciadas. Durante los primeros doce meses de incapacidad temporal, el seguimiento y control recaen fundamentalmente en Atención Primaria, mientras que una vez alcanzado ese periodo el expediente pasa al ámbito del INSS, que puede decidir sobre altas, prórrogas o propuestas de incapacidad permanente.

Por ello, rechaza la idea de que las altas emitidas por el INSS se produzcan habitualmente en contra de la opinión del médico de Familia. "No hay solapamiento. Son etapas cronológicamente distintas y no hay competencia entre uno y otro", afirma.

El portavoz de la SEMG también descarta que el cambio de pagador influya en la toma de decisiones clínicas. "El médico no sabe ni le corresponde saber quién paga la prestación. Nuestro criterio no cambia en función de si paga la empresa o la Seguridad Social", sostiene.

Armenteros considera además que el uso del término absentismo para referirse a las incapacidades temporales puede generar confusión. "Una baja médica es una ausencia por enfermedad respaldada por el criterio de un facultativo. Es un concepto diferente", resume.

Validez del criterio médico

Una visión más crítica ofrece Vicente Pallarés, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), quien reconoce que muchos profesionales sienten que el actual modelo de gestión de las incapacidades temporales limita su capacidad de actuación. "No nos sentimos respaldados y dependemos muchas veces de la decisión de otros", asegura.

Para Pallarés, el problema no radica únicamente en la relación con el INSS, sino en un sistema que considera desactualizado y excesivamente fragmentado. A su juicio, la gestión de las bajas sigue respondiendo a una estructura heredada de hace décadas que no se adapta a la realidad actual del mercado laboral ni a las necesidades asistenciales de los pacientes. "Estamos trabajando con un sistema que no ha evolucionado al ritmo de la sociedad ni de la Medicina", señala.

En este contexto, subraya que los médicos de Familia están plenamente capacitados para valorar una enfermedad y determinar si una persona puede o no trabajar, pero denuncia que con frecuencia se encuentran condicionados por factores ajenos a la consulta. Entre ellos, cita las largas listas de espera para pruebas diagnósticas, las demoras para acceder a especialistas hospitalarios y la carga burocrática asociada a la gestión de las incapacidades temporales.

Según explica, una parte importante de las bajas prolongadas no responde necesariamente a la gravedad de la enfermedad, sino a la lentitud del sistema para completar el proceso diagnóstico o terapéutico. "Lo que no podemos hacer es dar altas sin disponer de las pruebas o de las valoraciones que necesitamos", advierte.

Pallarés recuerda que los trámites relacionados con la incapacidad temporal pueden llegar a ocupar entre un 10 y un 15 por ciento del tiempo diario de consulta en Atención Primaria, una carga que se suma a la presión asistencial habitual de los centros de salud. El representante de Semergen también introduce un elemento que considera clave para entender el debate actual: no todas las bajas tienen el mismo impacto.

Según explica, cerca del 69 por ciento de los procesos duran menos de quince días, pero apenas representan una pequeña fracción de las jornadas laborales perdidas. Por el contrario, las bajas más prolongadas, aunque son mucho menos frecuentes, concentran una parte muy importante del impacto económico y asistencial.

Las mutuas, ¿posible solución?

Así, considera necesario abrir una reflexión sobre cómo mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados. Una de las propuestas que defiende es reforzar la participación de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, especialmente en tareas de seguimiento y gestión de determinados procesos.

A su juicio, estas entidades cuentan con recursos diagnósticos, capacidad organizativa y conocimiento de los puestos de trabajo que podrían contribuir a agilizar muchos expedientes. Pallarés pone además el foco en dos grandes grupos de patologías que están detrás del incremento de las incapacidades temporales: los trastornos de salud mental y las enfermedades musculoesqueléticas, "como cervicalgias o lumbalgias".

Justamente, le genera especial preocupación el aumento de los problemas de salud mental entre los trabajadores más jóvenes. "Estamos viendo un incremento muy importante en personas menores de 35 años y son situaciones que requieren valoraciones complejas, apoyo psicológico y, en muchos casos, intervención especializada", explica.

En este sentido, también admite que existen situaciones especialmente difíciles de valorar desde el punto de vista clínico. El dolor o determinados trastornos psicológicos no siempre pueden objetivarse mediante pruebas diagnósticas, lo que obliga al profesional a apoyarse en la entrevista clínica y en la confianza en el relato del paciente. Pero, aun así, rechaza que estos casos justifiquen una desconfianza generalizada hacia las bajas médicas.