La exportación 'pharma' de España, en la diana de Trump por la crisis OTAN

Aunque la política comercial internacional pueda parecer alejada del ámbito sanitario, las medidas arancelarias impulsadas por la administración Trump desde el pasado año han despertado inquietud en el sector sanitario español.

Ahora que el gasto en defensa está en boca de todos, la amenaza de Trump con doblar aranceles si España no paga el 5 por ciento del PIB en recursos militares, la industria ha vuelto a poner en el disparadero las dudas sobre el alcance de estos tributos.

El establecimiento de un 20 por ciento de aranceles a determinados productos europeos ha puesto el foco sobre los posibles efectos indirectos en la sanidad, especialmente en lo relativo al acceso a medicamentos, tecnologías médicas y suministros clínicos; que se posicionan entre los productos más expuestos a estas represalias.

24% de principios activos

Si bien los medicamentos y vacunas terminadas están exentos de estos aranceles, muchos principios activos y componentes tecnológicos importados desde Estados Unidos no lo están. Y esto es relevante ya que España importa aproximadamente un 24 por ciento de sus principios activos farmacéuticos desde el país norteamericano, una cifra significativa que puede comprometer la estabilidad de la cadena de suministro.

Cataluña es el mayor ejemplo a nivel regional pues se trata del epicentro de la industria farmacéutica española: concentra el 60 por ciento de las exportaciones hacia EEUU, lo que la sitúa en una posición especialmente vulnerable ante tensiones comerciales.

Las consecuencias potenciales son varias. Entre ellas, se teme que el encarecimiento de ciertos productos provoque retrasos en la producción de medicamentos o aumente el coste de tratamientos complejos, afectando a hospitales y centros de atención primaria.

Además, las farmacias hospitalarias podrían tener que gestionar con más frecuencia sustituciones terapéuticas, en un entorno cada vez más tensionado. También preocupa la posible ralentización en la llegada de tecnologías de última generación, como marcapasos o sistemas de monitorización avanzados, cuyo origen estadounidense encarece su entrada al sistema.

Ante este escenario, el Gobierno español ya puso en marcha un plan de contingencia de 14.100 millones de euros, que incluye apoyo a la producción nacional de medicamentos y tecnologías sanitarias, así como incentivos para diversificar proveedores.

Paralelamente, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) solicitaba que los productos sanitarios sean excluidos de la lista arancelaria, así como la indexación de contratos públicos, en un ejemplo de la preocupación que oscila en el sector.

Y es que, los aranceles en sanidad no son una cuestión meramente comercial, sino un factor que podría condicionar la práctica clínica diaria. Aunque el impacto directo aún es moderado e incierto, la previsión y coordinación institucional serán clave para mantener la calidad y continuidad asistencial.