El PP pelea el sistema de precios y radiofármacos de la Ley de Medicamentos

Tan solo cinco días después de finalizar el plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de la Ley de Medicamentos, ya se conocen el contenido de algunas de las realizadas por consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Tras anunciar una enmienda en bloque, las principales aportaciones abordan el sistema de precios y la gestión de los radiofármacos, según el documento al que ha tenido acceso Redacción Médica.

La alegación sobre el sistema de precios seleccionados, que se refiere al artículo 116, expone que la propuesta de crear un sistema de precios seleccionados inicialmente puede conllevar un ligero descenso de los precios de los medicamentos con patente caducada. Sin embargo, "a medio y largo plazo, inevitablemente producirá que muchas líneas de producción pasen a ser inviables en España, intensificando los actuales problemas de suministro y desabastecimiento", reza el texto. Se estima una reducción en el número de oficinas de farmacia, problemas en cadena de suministro y la autonomía estratégica del país, alertan.

"El brusco cambio de modelo puede tener consecuencias muy negativas que no han sido suficientemente valoradas al redactar este anteproyecto", aseguran los autores de las alegaciones, que ocupan cargos directivos de las consejerías de Sanidad. Esta propuesta tendrá repercusión en las farmacias, especialmente del medio rural, y las empresas farmacéuticas, sostienen.

Gestión de los radiofármacos

En cuanto a los radiofármacos y Servicios de Farmacia (artículo 93), la alegación en esta cuestión versa sobre la visión del mismo, visto como "Unidad Asistencial", pero resaltando la importancia de que "hay que mantener la gestión de los radiofármacos en el ámbito de los Servicios de Farmacia de los hospitales, sin perjuicio de los sistemas de autorización y funcionamiento de las unidades de radiofarmacia".

Según su versión, los radiofármacos son medicamentos y su gestión "ha de mantenerse en el ámbito del servicio de Farmacia Hospitalaria, independientemente de su autorización y que opere bajo la supervisión y control de un facultativo especialista en radiofarmacia y para su adjudicación en un centro o institución autorizado para ello".

Además de estas dos alegaciones, el mismo documento aborda otros tres artículos: evaluación de tecnologías sanitarias (artículo 90), la Comisión Permanente de Farmacia (artículo 107) y el precio y dispensación de medicamentos (artículo 110). Así, sobre el primero, las comunidades autónomas reclaman participar en el proceso de evaluación de medicamentos, siendo los expertos en este ámbito designados por estas.

En cuanto a la Comisión Permanente de Farmacia, el documento de alegaciones hace hincapié en que "es imprescindible mantener y reforzar el órgano de cohesión en materia de Farmacia para garantizar la equidad y homogeneidad en el acceso y la gestión de la prestación farmacéutica en los diferentes Servicios de Salud". Piden que esta Comisión "esté reconocida en la Ley".

Finalmente, sobre el precio y dispensación de medicamentos, el actual redactado es entendido por esta consejería de Sanidad como "una situación que puede prestarse a episodios de inequidad y desinformación a los pacientes". Con todo, el documento destaca que "se considera imprescindible que los Servicios de Salud, a través de los órganos de coordinación y comunicación participemos en la definición y contenido de los proyectos normativos que les afectan, para que la aplicación de los mismos no condicione la gestión de la prestación farmacéutica".