Las consejerías del PP enmiendan en bloque la Ley de Medicamentos

Las consejerías de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular presentarán en bloque alegaciones al anteproyecto de la Ley de Medicamentos “al considerar que ignora la distribución de competencias autonómicas y pone en riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario”. Según han informado fuentes de Génova, las principales “preocupaciones” giran en torno a cuestiones como la “exclusión” de las regiones en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), la eliminación de “estructuras autonómicas clave”, la introducción del concepto de ‘medicamento de primera prescripción’ o el sistema de precios y copago.

Este mismo jueves, 8 de mayo, concluye el plazo para presentar alegaciones al citado anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios, dirigido a actualizar el marco regulatorio vigente desde 2015 en base a los “avances de la ciencia y la tecnología”. Entre otras novedades, la norma abre la puerta a la prescripción por parte de enfermeros y establece una nueva horquilla de precios. Tanto una como otra medida han sido recibidas, como poco, con recelo por parte de la industria ‘pharma’ y el sector salud, que emplazan al departamento de Sanidad a dar marcha atrás en sus planes.

Críticas del PP a la Ley de Medicamentos

Las últimas en sumarse han sido las consejerías de Sanidad de las regiones gobernadas por el PP, que a lo largo de las últimas semanas ya habían dado signos de rechazo al proyecto por supuestamente quebrantar su ámbito competencial. Según ha informado Génova, todas ellas han acordado presentar de manera consensuada alegaciones a una Ley que, aseguran, “pone en riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario”.

“Los responsables autonómicos de farmacia denuncian que el Ministerio de Sanidad ha elaborado el anteproyecto excluyendo a las comunidades autónomas de un proceso que debería haber contado con su participación efectiva, especialmente a través de la Comisión Permanente de Farmacia (CPF), órgano delegado del Consejo Interterritorial que ha sido ignorado en esta reforma”, reza el comunicado difundido por el PP.

Entre otras “preocupaciones”, los conservadores aluden a esa exclusión de las autonomías en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la eliminación de estructuras regionales clave, la introducción del concepto de medicamentos de ‘primera prescripción’ (que permitiría dispensar determinados fármacos o tratamientos sin necesidad de una nueva visita médica bajo el consejo del personal de Farmacia) o la falta de inclusión específica de los centros sociosanitarios.
También cargan los populares sobre la “centralización en la adquisición de medicamentos hospitalarios”, las “garantías de seguridad clínica” y el nuevo sistema de precios y copago.

“El Partido Popular exige así al Gobierno central, una vez más, que respete las competencias autonómicas y construya el texto final desde una cogobernanza real, mejorando la operatividad del Sistema Nacional de Salud y garantizando la calidad de la atención sanitaria para todos los ciudadanos”, resumen.

Sanidad defiende el nuevo sistema de precios de medicamentos

Precisamente, el relativo al sistema de precios fuera de patente (una vez acaba el tiempo de protección de un fármaco), que a grandes rasgos permite ofertas 'a ciegas' de las compañías para que posteriormente Sanidad escoja la más adecuada y establezca una horquilla de precios, es el apartado más criticado por la industria farmacéutica, que advierte del riesgo de que se socave la competencia y se produzcan desabastecimientos. Un extremo que Sanidad rechaza: “Esto no es una subasta”, afirmó recientemente el secretario de Estado, Javier Padilla, que incidió en que el objetivo de retocar el modelo no es otro que el de incentivar esa competencia en contextos de alto precio de medicamentos.

Queremos que se pueda establecer un rango de precios sostenible para el sistema y también para las compañías -defendió Sanidad-. No es un modelo para mantener todos los productos continuamente a precios más bajos, sino que, sin ser intervencionista, se busque la reducción del coste de inicio y que de manera natural se produzca esa competencia entre productores”. Es decir, que “no necesariamente” se perseguiría el coste menor.