La Comunidad Valenciana, Madrid, Cantabria y Galicia han expresado su "preocupación" por las dimisiones de los expertos

 César Pascual, Marciano Gómez, Fátima Matute y Antonio Gómez Caamaño, sobre las dimisiones del comité MIR
César Pascual, Marciano Gómez, Fátima Matute y Antonio Gómez Caamaño.


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La dimisión de miembros del comité de expertos encargados de elaborar la prueba del MIR 2026 ha causado cierto descontento en algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Las primeras en pronunciarse fueron la Comunidad Valenciana y Cantabria. De hecho, ambas lo hicieron en el mismo sentido, representadas por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el consejero de Salud, César Pascual. Concretamente, los dos titulares regionales pidieron explicaciones "urgentes y oportunas" al Ministerio de Sanidad, así como "recuperar el diálogo con los expertos y las comunidaeds para garantizar un proceso MIR riguroso, profesional y transparente basado en el consenso profesional y la independencia técnica".

Además, Gómez se ha referido a "la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad ante el déficit estructural de médicos de Familia" y ha lamentado "seguir esperando a que el departamento de Mónica García asuma su responsabilidad de flexibilizar las unidades docentes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y aumentar el número de plazas MIR para resolver este déficit de profesionales sanitarios que afecta a todas las comunidades autónomas".

Reforma del examen MIR 2026


También ha sido crítico el consejero cántabro, que ha denunciado que, en cuestión de semanas, el Ministerio "ha desmontado un modelo MIR basado en la confianza, independencia y compromiso del sector profesional con la formación de nuevas generaciones de sanitarios, que llevaba décadas funcionando". Para el titular, ahora, "el Ministerio impone una estructura burocrática, dependiente de Función Pública, que prescinde de expertos y ningunea a las comunidades autónomas".

La consejera de Sanidad de la capital, Fátima Matute, considera que el examen MIR funciona "bien y es excelente" y ha reprochado que "ahora de repente y sin contar con las comunidades autónomas se ha buscado reformar este examen". "Lo que más me llama la atención es que ha pasado de depender del Ministerio de Sanidad al Ministerio de Función Pública", ha lanzado Matute, quien ha reconocido desconocer el "porqué" y ha criticado que no se haya explicado a las autonomías.

También ha afeado que se haya reducido el número de expertos y que las regiones no estén representadas al tiempo que se han "quitado sedes en ciudades que tienen mala comunicación". "Es una situación de bastante estrés, te la preparas con muchísima antelación y te la preparas en relación a cómo ha sido el examen otros años. Entonces, ahora, esa incertidumbre que se está generando entre nuestros estudiantes de Medicina, pues tampoco es de recibo", ha acalarado.

Desde Galicia, han afirmado a este medio que "la Xunta, lógicamente, está preocupada por la situación generada tras la dimisión en bloque de los expertos que elaboran los exámenes MIR". En este sentido, "pide al Ministerio de Sanidad explicaciones y máxima transparencia en relación a este conflicto y que adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar perjuicios a los futuros médicos".

Otras comunidades gobernadas por los populares como Andalucía o Murcia, no se han querido posicionar al respecto a preguntas de este medio. De esta forma, por el momento, se descarta una petición o denuncia autonómica en bloque a Sanidad.

Dimisión de parte del comité MIR


Según se ha podido conocer, han dimitido los comités de expertos de Medicina, Farmacia, Enfermería, Física y Química tras ser informados de la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, retribución y composición de los equipos. Entre otras medidas, el Ministerio ha reducido un 66 por ciento el número de colaboradores por experto, ha rebajado el pago por pregunta un 40 por ciento y ha anunciado que será ahora el Ministerio de Función Pública, y no el de Sanidad, el que asuma parte de la organización del proceso.

Eso sí, según informó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, vía X (antes Twitter), "lo que depende de Función Pública, no ahora sino siempre, es la remuneración de las acciones ligadas a la preparación de los exámenes de FSE". "Y se están haciendo cambios como la mayor pluralidad de procedencia de los expertos, mayor transparencia en sus criterios de designación, mayor transparencia en lo que se les pide, etc.", concretó.

"El examen no va a cambiar (si acaso, se lleva unos años intentando que sea más clinico y menos de criptomedicina) y esto no influye en eso en absoluto. Si hay algo que rebaja la exigencia de la prueba podría ser bajar a cero la nota de corte, que fue una petición de las CCAA gobernadas por el Partido Popular, y que aceptamos porque creemos que no tenía valor discriminativo y que el examen FSE no sirve para eso. Es una pena que los perfiles que en algún momento intentaron ser técnicos se hayan alvisizado de esta manera", matizó.

Por su parte, desde el Ministerio subrayaron a este medio, en concordancia con Padilla, que la reforma responde a la necesidad de cumplir con la normativa vigente, incluyendo criterios como la representatividad territorial, sin menoscabar el rigor técnico y científico del examen. Sanidad también aclaró que respeta el trabajo realizado hasta ahora por los miembros del órgano encargado, aunque insiste en que la adecuación del modelo busca fortalecer su legitimidad y adaptarlo al marco normativo actual.
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