El PP pide "depuraciones" con ofensiva en el Congreso por la crisis del MIR

No ha tardado la sorpresiva marcha de los ‘diseñadores’ del examen MIR en saltar al debate político. El primero en posicionarse ha sido el Partido Popular, que exige ya al Ministerio de Sanidad una “depuración de responsabilidades” ante la “grave situación” que envuelve la preparación de las pruebas. Los conservadores, que acusan al gabinete de Mónica García de “comprometer” el modelo de Formación Sanitaria Especializada (FSE), ya han movido ficha en el Congreso de los Diputados, donde han registrado una Proposición no de Ley (PNL) para enmendar algunas decisiones adoptadas para la próxima convocatoria.

A través de un comunicado, los populares se han referido a la dimisión de parte de los miembros de los comités de expertos implicados en la elaboración de las pruebas del MIR, así como de las de Farmacia, Enfermería, Física y Química. Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a Redacción Médica la noticia adelantada por ABC, y han apuntado a las desavenencias sobre el pago de estos trabajaos como principal detonante. El problema radicaría, en concreto, en una reducción de las retribuciones por cada pregunta, algo que desde el departamento de García achacan a una necesaria equiparación con el resto de departamentos de la Administración General del Estado (AGE).

El Partido Popular pide responsabilidades al Ministerio de Sanidad. Y, si es necesario, destituciones. “Médicos de reconocido prestigio, jefes de Servicio y especialistas con experiencia contrastada han renunciado en los últimos días tras ser informados de la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, retribución y composición de los equipos -denuncian-. Entre otras medidas, el Ministerio ha reducido de 15 a cinco el número de colaboradores por experto, ha rebajado el pago por pregunta de 15 a nueve euros y ha anunciado que será ahora el Ministerio de Función Pública, y no el de Sanidad, el que asuma parte de la organización del proceso”. Un extremo, este último, que ha negado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha manifestado que lo que depende “desde siempre” de Función Pública es la remuneración de las acciones ligadas a la preparación de los exámenes.

En cualquier caso, el PP acusa a Sanidad de “romper un modelo que funcionaba” y que estaba “basado en el consenso profesional y la independencia técnica” y sustituirlo “por un esquema opaco, centralizado y sin garantías”. “De hecho, a estas alturas del calendario, no hay nada organizado para la selección de preguntas, cuando tradicionalmente el proceso comenzaba en junio y debía estar cerrado entre septiembre y octubre”, añade en un comunicado suscrito por su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz. 

PNL para recuperar las sedes del MIR

La formación conservadora lamenta, por otro lado, la reducción de las sedes del examen, que se limitarán a 22 (seis menos). En concreto, según los populares, se dejan fuera Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Girona, León y Vigo, “con el consiguiente perjuicio para miles de aspirantes”.

De hecho, han trasladado ya el asunto al Congreso de los Diputados. En una Proposición no de Ley (PNL), los populares ponen el foco sobre la reciente orden ministerial mediante la que se aprobó la oferta de plazas y la convocatoria de las pruebas de acceso a Formación Sanitaria Especializada para 2026.

“En la convocatoria del año 2024 se ofrecieron 28 sedes mientras que en la de este año 2025 se ofrecen 22 -exponen-. Esta medida, adoptada con criterios exclusivamente económicos, perjudica a los territorios periféricos generando desigualdad de oportunidades y supone una clara barrera para el acceso a la formación sanitaria especializada”.

Por ello, el PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a “reponer de forma inmediata” estas sedes.

Extremadura afirma que Cáceres se mantiene como sede

Este mismo jueves, no obstante, la Consejería de Salud de Extremadura ha informado de que Cáceres continuará siendo sede para la realización de los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en esta comunidad junto con Badajoz. "Esta decisión llega tras la petición formal realizada por la consejera Sara Gª Espada en el pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado 17 de julio", ha informado el Ejecutivo autonómico.