Autor: Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
A finales de abril hará 40 años que vio la luz la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, y ello ha traído a primer plano la
discusión sobre si es necesaria o no la reconsideración de la misma. Podría decirse que se trata de una mera pregunta retórica porque basta ver la página del BOE donde vienen recogidas todas las actualizaciones producidas en estas 4 décadas para comprobar las numerosas diferencias existentes entre el texto original y el de la última versión. Se ha estimado que
hasta 106 puntos de los 143 que componen la Ley General de Sanidad han dejado de tener impacto normativo real tras el tiempo transcurrido desde su promulgación, el 74 por ciento del articulado de la ley. Algunos temas deben ser simplemente actualizados, pero otros necesitan un cambio profundo, una nueva redacción.
Quedan pocas dudas por tanto de que la Ley debe ser renovada para que signifique hoy día lo que representó en 1986 para la creación del Sistema Nacional de Salud. El problema es la
enorme dificultad de conseguir una nueva ley que introduzca todos los cambios necesarios para actualizar y revitalizar nuestro sistema sanitario. Por una parte, es evidente que el contexto político no es en absoluto el adecuado para lograr consensos y mayorías parlamentarias que puedan garantizar la necesaria durabilidad de una norma básica como ésta, verdadero pilar del estado de bienestar.
Por otro lado, basta comparar las figuras de
Ernest Lluch y Felipe González que la hicieron posible hace 40 años, con las de sus equivalentes en el actual gobierno para comprobar lo mal que hemos evolucionado en cuanto a capacidad de liderazgo para acometer una empresa de este calado.
No es cuestión de ir señalando todos y cada uno de los aspectos del texto original que necesitan ser reconsiderados, pero como muy bien señalaba
Pedro Sabando, uno de los grandes artífices de la ley, recientemente en estas páginas, todo lo relativo a la coordinación entre comunidades y de éstas con el gobierno central, con el consejo interterritorial, el Instituto de Salud Carlos III,
hoy día desgajado incomprensiblemente de Sanidad así como la alta inspección no se han desarrollado nunca adecuadamente y de hecho
han llegado a representar una especie de agujero negro que repercute negativamente en el día a día del sistema. Quienes hemos gestionado la sanidad durante todos estos años lo hemos padecido. Precisamente una de las cosas que mas se aprecia de la ONT a lo largo de los años ha sido su capacidad de coordinar comunidades, equipos y en general todo el sistema nacional de salud, obviamente sin disponer de una cobertura legal adecuada que en tantas ocasiones nos habría sido más que necesaria.
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"El contexto político no es en absoluto el adecuado para lograr consensos y mayorías parlamentarias que puedan garantizar la necesaria durabilidad de una norma básica como ésta, verdadero pilar del estado de bienestar"
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Es bastante probable que en los años ochenta, los redactores de la ley, que sin duda se encontraron con todas las dificultades del mundo y las mayores resistencias al cambio que uno pueda imaginar, no fueran en cambio conscientes de que
las insuficiencias en el tema de la coordinación podrían dar lugar con el tiempo a 17 servicios de salud con escasas conexiones entre ellos hasta desembocar en un sistema casi ingobernables. Sin estas herramientas y con la actual distribución de las competencias sanitarias no caben muchas esperanzas de mejoras sustanciales ya que los movimientos centrífugos lejos de solucionarse tienen tendencia a hacerse cada vez más fuertes.
Quedan muchos más asuntos de gran calado que merecen una reflexión profunda y un redactado rompedor que poco tiene que ver con la realidad de los años ochenta. Ni las enormes consecuencias de todo tipo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la medicina de precisión y un sin número de innovaciones que tanto influyen ya en nuestras vidas están contempladas en el texto cuarentón.
Por no hablar del modelo de relaciones con los profesionales, de cuya obsolescencia estamos teniendo constancia a lo largo de la discusión del estatuto marco. De igual manera es imprescindible una reconsideración y definición clara de la relación con el sector privado sin entrar en apriorismos ideológicos, así como una cada vez más imprescindible integración sociosanitaria que tanto se echó de menos por ejemplo durante la pandemia. Son solo unos cuantos ejemplos entre otros muchos de asuntos de gran trascendencia que no pueden quedar sin tocar por los siglos de los siglos.
Tenemos una gran oportunidad de abordar estos temas de una vez por todas, aunque no sea más que por la cifra cabalística de años transcurridos desde su redacción. Solo esperar que este gobierno o el que venga después la sepa aprovechar.
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